Por Redacción Sentido Común.
La reciente desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), disuelta el 19 de marzo tras la reforma energética de la 4T, ha generado un panorama incierto para al menos 775 juicios millonarios promovidos por empresas del sector eléctrico e hidrocarburos. Estos litigios involucran impugnaciones a resoluciones de la CRE que incluyen multas, clausuras, negaciones de permisos y requerimientos de información a gasolineras, empresas de gas LP y gas natural, así como a generadoras de energía eólica y solar.
Uno de los casos más destacados es el amparo presentado por la empresa española Iberdrola en 2022, en el que impugna una multa de 9 mil 145 millones de pesos, cuya ejecución está suspendida y aún espera sentencia de primera instancia. Otro caso importante es el de Stellantis (Chrysler, Fiat, Peugeot), que litiga contra la exclusión de sus plantas del permiso de autoabastecimiento eléctrico en una resolución de diciembre de 2024.
Asimismo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y otras organizaciones han promovido amparos contra un acuerdo de mayo de 2023 que clasifica como «limpia» la energía generada con gas natural. Por su parte, generadoras privadas como Hidroeléctrica Cajón de Peña están litigando contra un acuerdo de abril de 2024 que permite a las empresas abandonar el abasto privado para contratar directamente con la CFE.
En el sector de gas LP, empresas también esperan la resolución de amparos que buscan eliminar el tope al precio de venta de gas LP, lo que afectaría a un 18 por ciento de las ventas totales y generaría un impacto de 5 mil 989 millones de pesos anuales, a ser absorbidos por los consumidores.
Desde la desaparición de la CRE, los juzgados y tribunales federales han intentado notificar y dar seguimiento a estos casos, pero debido a la falta de personal en la antigua sede de la CRE, los juicios permanecen congelados. La reforma establece un plazo de 90 días para transferir estos expedientes a la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE), que aún espera ser nombrada por la Presidenta Claudia Sheinbaum antes del 19 de abril.
Este vacío institucional ha provocado una parálisis temporal en los juicios, mientras el sector energético sigue a la espera de la reconfiguración de las autoridades encargadas de resolver estos conflictos.
