Sin Filtros; por Brenda Ramos
• Su empresa participó en una licitación de Pemex sin competir. El contrato fue para un viejo conocido del presupuesto.
• Guillao Industriell, la empresa del regidor, fue parte de una licitación federal junto a una firma señalada en los Bahamas Leaks.
• ¿Simulación, colusión o triangulación de recursos? La UIF, la SFP, la Fiscalía Anticorrupción y la ASF deberían estar tomando nota.
Era cuestión de tiempo para que el pasado del regidor Félix Miguel Guillu Meraz lo encontrara. La pus y podredumbre empezaron a brotar luego de que revisáramos un contrato público y siguiéramos el rastro de su empresa. Lo que no esperábamos —y eso sí fue sorpresa— fue encontrarla compartiendo espacio en una licitación internacional de Pemex con una firma mencionada en los Bahamas Leaks de 2016, aquella investigación global que destapó redes de empresas offshore utilizadas para lavar dinero en paraísos fiscales. ¿Qué hacía la empresa de un regidor de Altamira en la misma contienda que una operadora internacional de estructuras opacas?
La historia comienza, como suelen comenzar estas jugadas, con una empresa discreta: Guillao Industriell, S.A. de C.V. Fue constituida el 30 de octubre de 2019, con domicilio fiscal en un fraccionamiento de Altamira, y un objeto social que parece diseñado para todo y nada: venta de maquinaria, asesorías, contratos con Pemex, servicios generales… Una navaja suiza de papel.
En diciembre de 2023, Pemex Exploración y Producción lanzó la licitación pública internacional PMX-SA-PC-PEPR-CT-B-GCMCLM-822-2023, para adquirir equipos de bombeo de líquidos y mangueras de descarga. Contrato estimado en casi tres millones de pesos. Nueve empresas participaron. Entre ellas, Guillao la empresa del regidor.
Pero hay una peculiaridad: Guillao no presentó propuesta técnica ni económica. No entregó cotización. No ofertó. Sólo apareció. Como quien entra a una reunión para que parezca que hay quórum. Y con eso basta para encender las alarmas.
La empresa que sí ganó fue ACCEZA Suministros y Servicios, S. de R.L. de C.V., con sede en Tampico. Se le adjudicó el contrato PMX-SA-PC-PEPR-CT-B-GCMCLM-822-2023, correspondiente a una licitación internacional de Pemex, por un monto de 2 millones 925 mil 514.20 pesos sin impuestos. Está representada por Jorge Octavio Tamayo Sobera, quien ya en 2016 firmó un contrato por 552 mil 694.90 pesos con la COMAPA Zona Conurbada como apoderado legal de TASO COMERCIAL, S.A. DE C.V.. Además, su nombre aparece vinculado con ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES CHAIREL, S.A. DE C.V., empresa incluida en el padrón de proveedores 2025 del Gobierno del Estado. Un operador de vieja escuela, que se recicla entre razones sociales, pero nunca se aleja del presupuesto público.
Y como si hiciera falta un ingrediente más en esta receta, entre los participantes también estuvo Alpina Briggs Mexicana, S.A.P.I. de C.V., empresa cuyo representante legal, Jaime Hernández Panivino, fue vinculado en la investigación internacional conocida como Bahamas Leaks, por su participación en estructuras offshore usadas para mover dinero hacia paraísos fiscales.
Entonces, ¿qué tenemos? Un regidor con una empresa fachada que aparece en una licitación sin competir. Una empresa ganadora con apoderados legales ligados a contratos desde hace años. Y una firma que ha sido señalada en escándalos de alcance global. Todo esto, en una misma licitación de Pemex. Y todo esto, documentado.
Pero hay más: tanto Guillao como ACCEZA son empresas asentadas en la zona conurbada de Tamaulipas, donde todos se conocen, donde los contratos suelen circular entre los mismos, y donde no resulta difícil imaginar un acuerdo previo para simular competencia.
Y si hay una jugada, hay un jugador. Félix Guillu asumió como regidor en octubre de 2024, pero meses antes ya había entrado al juego. No desde la política, sino desde el andamiaje empresarial. Su empresa no tenía por qué estar ahí, pero estuvo. No ofertó, pero participó. No ganó, pero ayudó. Y ese tipo de participación es la más valiosa cuando se trata de simular competencia para legitimar contratos con nombre y apellido desde el origen.
Y por qué importa esto. Porque cuando un servidor público diseña su camino al poder con el respaldo de una empresa que ya opera en el margen de la legalidad, no estamos frente a un simple conflicto ético, sino ante un patrón de conducta que puede escalar en responsabilidades penales y administrativas.
Colusión entre particulares, al simular competencia en perjuicio de la transparencia.
Simulación de actos jurídicos, al participar sin intención real de competir.
Conflicto de interés, si usó su proyección política para posicionar su empresa.
Uso indebido de funciones, si desde el cargo actual favorece o protege esa red.
Lavado de dinero, si se confirman vínculos con empresas offshore como Alpina.
Y también, triangulación de recursos públicos, si las empresas comparten apoderados, estructura o beneficios encubiertos entre sí.
Y las autoridades que deben actuar también están claras, bastaría con revisar las entradas y salidas de dinero por esas fechas de las cuentas del regidor, pues las simulaciones dejan moches muy jugosos, tal vez uso el dinero para comprarle la regiduría a Miguel Gómez Orta como muchos lo han sugerido, y eso es aún más grave, pero fácilmente comprobable si se abre una carpeta de investigación ante este reciente descubrimiento.
Serían las autoridades como la Secretaría de la Función Pública, por la actuación de servidores públicos federales. Unidad de Inteligencia Financiera, por los movimientos financieros cruzados. Fiscalía Anticorrupción, por los indicios de redes irregulares. Auditoría Superior de la Federación, por tratarse de recursos públicos. Órgano Interno de Control de Pemex, que validó el procedimiento quienes deberán analizar con lupa esta licitación.
No cabe duda de que en Altamira, la figura del regidor ha quedado marcada. No por su voz en el cabildo, ni por su trabajo comunitario, sino por la huella que dejó su empresa al pisar terreno federal. No fue su gestión la que lo puso bajo la lupa, fue su anticipación. Antes de hablar como servidor público, ya estaba actuando como contratista funcional.
La pus ya salió. Falta que alguien se atreva a hacer la limpieza.
