El conocimiento es peligroso… para los dictadores
Fuentes fidedignas. Por: Isaias Alvarez
Pinochet sabía que el arma más efectiva no era la metralla, sino la ignorancia. Por eso censuró medios, silenció maestros y reescribió libros. El objetivo no era solo imponer un régimen, sino domesticar generaciones. En eso, fue pionero, pero no el único. En Reynosa, el poder no lo ha sostenido una sola persona, sino una familia: los Peña Ortiz. Cuatro administraciones bajo el mismo apellido han perfeccionado su propia versión de control disfrazado de progreso.
El primer ejemplo de esa simulación es que, violando los lineamientos oficiales de la Secretaría de Educación, se impuso el nombre de Maky Ortiz Domínguez, una persona viva y en funciones, a una escuela de nivel medio. La normativa estatal prohíbe expresamente nombrar instituciones educativas con nombres de personas vivas, salvo autorización especial del Secretario de Educación, misma que no ha sido publicada. ¿Con qué valores se educa cuando una escuela nace desde la ilegalidad y el culto a la personalidad?
Más grave aún: ¿cómo es posible que a la Universidad del Norte de Tamaulipas (UNT), propiedad de Francisco Chavira, se le retire la validez oficial ante la SEP, mientras a Maky se le permite colocar su nombre en una institución pública, violando los mismos principios legales que rigen la educación en el estado? La ley no debería aplicarse según los apellidos, pero aquí las reglas cambian si se trata de proteger intereses de familia.
Además, dicen que dan becas, pero no transparentan los padrones y cuando lo hacen, revelan datos más preocupantes. En 2022, el Ayuntamiento de Reynosa firmó un convenio de colaboración con el Instituto Internacional de Estudios Superiores (IIES), cuyo propietario es Rosendo Martínez Gómez. El documento oficial establece que el municipio transfirió $380,000 pesos al IIES para cubrir el costo de 38 becas de titulación, a razón de $10,000 pesos por alumno.
El problema no es solo el uso del erario: es a quién se beneficia. El IIES pertenece a a la familia política de la tercera regidora de Reynosa, Karla Luna González. Ella no reside actualmente en México, ya que supuestamente, está tramitando su ‘green card’ en Estados Unidos, pero recibe como funcionaria local $80 mil pesos mensuales. A pesar de su ausencia, es quien realmente opera el área de Comunicación Social del municipio, y de acuerdo con fuentes internas, supervisa directamente las campañas de ataque digital contra críticos del gobierno municipal.
¿Y quiénes son esos críticos? El caso del maestro Simón Sánchez Arredondo es ejemplar: ha sido blanco de ataques coordinados desde páginas que actúan como sicarios cibernéticos. Otro ejemplo es el maestro despedido del IRCA, Raymundo Servín González, quien el pasado 14 de marzo se manifestó durante la inauguración del Museo del Ferrocarril. Mostraba una manta con la leyenda “Jaque mate a la injusticia”, exigiendo su reinstalación. A pesar de su protesta pacífica, servidores públicos como Geovanni Barrios lo empujaron para desalojarlo, mientras medios presentes fingían que nada ocurría.
Y mientras eso ocurre, en la foto oficial entregan una medalla al Mérito Ciudadano a Artemio Guerra Garza, funcionario del IRCA, quien, de acuerdo con los registros de transparencia al corte más reciente, percibe un sueldo neto mensual de $104,123.88 pesos. Esto mientras docentes reales, con años de trayectoria, son despedidos y silenciados.
No es un desliz: es una estrategia. Invisibilizar al que enseña, premiar al que obedece. Y si de paso el arte sirve de espectáculo, mejor.
El problema no es solo que maquillen la realidad, es que usan la educación, la cultura y la comunicación institucional como escudos para sostener una estructura de poder cerrada, opaca, patrimonial y vengativa. No quieren formar ciudadanos: quieren súbditos agradecidos y callados. Y ahí es donde se parecen demasiado a los que dicen rechazar. El conocimiento es peligroso… pero no para los pueblos. Es peligroso para los que no saben gobernar sin engañar.
