Fuentes fidedignas. Por: Isaias Alvarez
El Gobierno de Tamaulipas ha marcado un precedente en la lucha contra la impunidad con el caso de Pedro Israel Malpica Domínguez. El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, expresó públicamente el compromiso de la administración estatal con la justicia, asegurando que no se tolerarán abusos dentro de las fuerzas de seguridad. Desde el momento en que se conocieron los hechos ocurridos el 13 de octubre de 2024 en Reynosa, se implementó un protocolo de atención integral para la familia de la víctima, y se inició un proceso de investigación que ha llevado a la detención y procesamiento de los responsables. Este posicionamiento, respaldado por el Gobernador, refuerza la narrativa de que en Tamaulipas la legalidad debe prevalecer y que ninguna autoridad está por encima de la ley.
Este caso es una rara excepción en un país donde, según Human Rights Watch, nueve de cada diez homicidios quedan impunes. ¿Cuántos nombres olvidados pesan sobre el sistema de justicia? Pensemos en los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuyos familiares llevan diez años esperando respuestas que nunca llegan. O en las madres buscadoras de todo el país, que desentierran fosas mientras el Estado les dice que «no hay evidencia». La disculpa por Pedro es una gota en un océano de casos sin resolver.
El problema no es nuevo. La policía en México se ha convertido en una institución temida más que respetada. Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el 63% de los mexicanos desconfía de los agentes de seguridad. Y tienen razones de sobra: extorsiones, abusos, desapariciones forzadas. La militarización de la seguridad solo ha empeorado las cosas. Donde antes había policías corruptos, ahora hay soldados con licencia para matar y una cadena de mando difusa que diluye responsabilidades.
Pero hablemos de la otra cara de la moneda. Porque sin policía, el caos es la única alternativa. Son los primeros en llegar cuando la tragedia golpea y, en muchos casos, arriesgan sus vidas por un sueldo miserable. Hay estados donde los oficiales patrullan sin chalecos antibalas y con pistolas de calibre menor que las de cualquier criminal promedio. En México, ser policía es estar entre el fuego cruzado del crimen y la negligencia institucional.
La pregunta es obligada: ¿cómo transformar un sistema que parece roto desde sus cimientos? Primero, eliminando la impunidad. Que lo ocurrido con Pedro Malpica no sea un caso aislado, sino el estándar. Que los malos elementos no encuentren refugio en la burocracia ni en el silencio cómplice de sus superiores. Luego, dándoles a los buenos agentes lo que necesitan: capacitación, salarios justos y equipamiento digno. La seguridad no se impone con militares en las calles, sino con instituciones confiables que no se disparen en el pie cada vez que «combaten el crimen».
Hoy, el caso de Pedro Malpica sirve como un recordatorio incómodo: en México, la justicia llega tarde, si es que llega. Pero también es una advertencia: la indignación de una madre puede romper el muro de la impunidad. Ojalá su eco resuene lo suficiente para que, algún día, ninguna madre tenga que gritar justicia por su hijo caído a manos de quienes juraron protegernos. Bien por el Gobierno del Estado, que, lamentó los hechos ocurridos, ratificando el compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias en el objetivo de impartir justicia.
