Las interminables sanciones de Maki Ortiz; tercera parte
Sheinbaum le cierra el camino con las reformas a la no reelección ni al nepotismo
El fin del fuero legislativo la obliga a rendir cuentas
El Partido Verde la protege, pero es el partido más sancionado de México
Sin Filtros; por Brenda Ramos
El escenario político está cambiando, y para figuras como Maki Ortiz, el panorama es cada vez más sombrío. Las reformas impulsadas por Claudia Sheinbaum no solo eliminan la reelección, sino que también acaban con el fuero y combaten el nepotismo. Si antes el poder le garantizaba protección, ahora su permanencia en la política ya no será sinónimo de inmunidad.
El fin de la reelección y la elección por voto ciudadano de jueces y magistrados desmantelan las redes de protección que han permitido que perfiles con sanciones acumuladas sigan en el poder. Para Ortiz, esto significa no solo la imposibilidad de repetir en un cargo público, sino la urgencia de encontrar una salida que le garantice impunidad ante los cambios en la ley.
Cuatro sanciones electorales la han convertido en un caso atípico de reincidencia. En la columna anterior quedó claro que su historial no es un accidente, sino un patrón documentado. El Artículo 454 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) es contundente: prohíbe la intervención de sindicatos en procesos electorales, y este fue precisamente el motivo de su última sanción. Ortiz utilizó estructuras gremiales para su beneficio político, vulnerando la equidad de la contienda y reforzando su condición de inelegible.
Ahora bien, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) establece en su Artículo 77 Bis que una elección puede ser anulada si el candidato electo es inelegible. Ortiz, con cuatro sanciones en su historial, está en el límite de esta condición, y con la nueva legislación, cualquier intento por registrarse enfrentará mayores barreras jurídicas.
Además, el Artículo 78 de la misma ley señala que cuando hay irregularidades graves en una elección, la votación puede ser anulada. Si intentara postularse nuevamente, su candidatura podría ser impugnada desde el inicio o anulada después de la elección.
Pero además de tener que lidiar con sus problemas, se le explota en la cara el fin del nepotismo que también golpea su estructura política. Su hijo, Carlos Peña Ortiz, es alcalde de Reynosa, y su ascenso ha sido una muestra de cómo ha operado su familia dentro de la política local. La prohibición de que familiares directos se beneficien de redes de influencia pone en jaque este modelo de poder, dejándola sin margen de maniobra.
Sin reelección ni fuero, Ortiz busca refugio en el Partido Verde. Este partido ha demostrado ser una franquicia electoral que acomoda sus candidaturas sin importar el perfil de sus postulados. Su respaldo a Ortiz es una muestra más de su disposición a proteger figuras cuestionadas a cambio de mantenerse en el poder.
La Ley General de Partidos Políticos (LGPP), en su Artículo 25, inciso a, obliga a los partidos a garantizar que sus candidatos cumplan con la legalidad, algo que el PVEM ha ignorado reiteradamente.
El Artículo 25, inciso b, prohíbe actos que alteren el orden público o afecten la libre participación política. El Verde, con su historial de violaciones a la equidad electoral y su tendencia a operar como una franquicia política, ha sido uno de los principales reincidentes en este tipo de prácticas.
El Artículo 94 de la misma ley advierte que un partido que incurre en faltas graves y sistemáticas puede perder su registro. El Verde ha acumulado escándalos y sanciones, y su respaldo a Ortiz solo refuerza su imagen de organización oportunista.
La cercanía de Maki Ortiz con Manuel Velasco Coello confirma su estrategia de supervivencia. Sabe que, con las reformas cerrando espacios y su historial de sanciones en aumento, su única opción es aliarse con quienes han sabido mantenerse a flote en la política a base de negociaciones en lo oscuro.
El tiempo de las negociaciones a puerta cerrada y la permanencia en el poder por acuerdos internos se está acabando. Ni el Partido Verde ni Maki Ortiz tienen garantías de que sus estrategias seguirán funcionando en un escenario donde la ciudadanía tendrá mayor control sobre quién ocupa los espacios de decisión.
Las reformas de Sheinbaum no solo le cierran el camino a su reelección, sino que eliminan la red de protección que durante años le ha permitido operar con total impunidad. Su futuro ya no depende de su capacidad de maniobra, sino de una realidad en la que las reglas han cambiado y la política de siempre ya no tiene cabida.
