Fuentes fidedignas. Por: Isaías Álvarez
Justo cuando pensábamos que el grupo de los Peña Ortiz le iba a bajar dos rayitas a su revanchismo, ahora se revela una evidente persecución política a familiares de diputados locales. Parece que la ciudad se ha convertido en el escenario de una venganza política luego de la modificación a la ley de ingresos en favor a los vendedores ambulantes. Lo que fue una reforma destinada a favorecer a los vendedores ambulantes, ha provocado una represalia contra aquellos que se interponen en el camino de un poder que no conoce límites. En este contexto, la transparencia y el respeto a los derechos se ven comprometidos, mientras los ciudadanos se enfrentan a decisiones arbitrarias que ponen en riesgo su estabilidad y patrimonio.
Todo inicio el 11 de febrero. Ese día, una arrendataria, quien durante cinco años había cumplido íntegramente con sus obligaciones, recibió de forma sorpresiva un mensaje de WhatsApp notificándole que el inmueble que ocupaba había sido vendido y que debía desalojarlo de manera inmediata. La notificación, informal y carente de cualquier rigor legal, fue el primer indicio de un proceso que se alejaba de la práctica contractual justa. Asimismo, se realizó una reunión presencial en la que se dejó en evidencia un entramado de conexiones políticas y empresariales, dejando claro que la situación iba más allá de una simple transacción comercial.
Entre los protagonistas de este conflicto destaca la figura de la senadora plurinominal del partido verde, Maki Ortiz, quien resultó ser la compradora del inmueble de forma inusualmente decidida. Su intervención, respaldada por la participación del arquitecto Gilberto Moreno –quien se encargó de la notificación a través de medios no convencionales–, cayó como balde de agua fría hacia la arrendataria del restaurante. Perla Caseres sostiene que la venta se realizó sin cumplir los procedimientos de notificación establecidos, lo cual no solo vulnera sus derechos como arrendataria, sino que se inscribe en un patrón de persecución política que afecta a los más vulnerables.
La ironía de estos hechos reside en el hecho de que una ley, originalmente diseñada para proteger a los vendedores ambulantes y sus familias, presuntamente ha sido el motivo de la senadora panista para ejecutar desalojos forzosos y desplazar a ciudadanos que han contribuido al tejido social de la ciudad con dolo, no importa si para eso tenga que comprar propiedades. Resulta alarmante cuando se observa cómo esta maniobra política se extiende a los entornos familiares de los legisladores. Así que ‘aguas’ familiares de diputados locales, especialmente aquellos que tienen negocios y están en calidad de arrendatarios, doña Maki no soportó que le cortaran de tajo el recurso que entraba a las arcas municipales.
La senadora, lejos de mostrar titubeos, no dudó en comprar el inmueble y, en consecuencia, le permitiría ejercer presión y afectar a las familias ligadas a las figuras políticas. Este hecho pone de manifiesto un preocupante modus operandi: el uso del poder, el dinero y de las conexiones familiares para silenciar y debilitar a aquellos que se convierten en obstáculos para la administración municipal.
Las denuncias, difundidas en redes sociales, han encendido la alarma sobre un patrón de abuso que no puede ser ignorado, donde la compra de propiedades se transforma en una herramienta para ejercer venganza; evidenciando cómo la protección de ciertos sectores se convierte en una excusa para marginar y castigar a aquellos que, de una u otra forma, se atreven a cuestionar al ayuntamiento. Este acto nos deja claro que la senadora Maki Ortiz se ha abocado en buscar las debilidades de los diputados locales y emprender una campaña de venganza hacia ellos; no dudaría en que otros negocios de las familias de los legisladores de repente sean clausurados o desalojados, que sus vehículos sean remolcados por excusas sin fundamento o cualquier otra acción que afecte a quienes directa e indirectamente están relacionados con los que modificaron la ley en favor de los vendedores ambulantes.
Lo que acontece en Reynosa es mucho más que un conflicto por la propiedad de un inmueble; es, muy probablemente, el inicio de una venganza política orquestada por la senadora y su familia. Las maniobras de doña Maki Ortiz, junto con las conexiones políticas y familiares que respaldan sus acciones, evidencian una tendencia preocupante que afecta no solo a la arrendataria del Restaurante Azul Antiguo, sino también a los familiares de los legisladores locales que mantienen negocios. Cuidado, por que parece ser que ahora va la de ella.
