
Por Margil Zapata.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, respondió a las recientes declaraciones del Partido Acción Nacional (PAN) y del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quienes acusó de sembrar desinformación sobre su estatus legal.
Durante la «Mañanera Legislativa», Prieto Herrera señaló que el exgobernador y el susodicho partido, intentan confundir a la ciudadanía con respecto al proceso judicial en curso, particularmente sobre el estatus de la ficha roja emitida por la Interpol. El diputado aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) ha dejado en claro que la ficha roja contra Cabeza de Vaca no ha sido cancelada, sino que ha sido suspendida temporalmente debido a un amparo otorgado de manera indebida por Juan Fernando Alvarado López, juez de Reynosa, quien fue removido de su cargo y está bajo investigación.
«Todos sabemos lo que ha estado sucediendo. La fiscalía ha sido muy clara. La suspensión del estatus de la Interpol se debe a un amparo concedido indebidamente por un juez que está bajo investigación», afirmó Prieto Herrera, destacando que el exgobernador sigue siendo parte del proceso legal y que no se ha exonerado de los cargos.
Asimismo, el presidente de la Junta de Gobierno también mencionó las investigaciones que involucran a varios exfuncionarios de la administración de Cabeza de Vaca. Según el fiscal anticorrupción, actualmente hay más de 800 carpetas de investigación abiertas, relacionadas con delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y otros actos de corrupción.
«La gran mayoría de los exfuncionarios ya tienen carpetas judicializadas. El tamaño de la corrupción es evidente», agregó Prieto Herrera.
Por su parte, la FGR ha aclarado que la ficha roja contra el exgobernador sigue vigente, aunque su suspensión temporal se debe a la revisión del amparo en cuestión. La investigación sigue su curso en torno a las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero, sin que aún se haya resuelto el estatus de la solicitud internacional.