Sin Filtros; por Brenda Ramos
El alcalde Beto Granados ha sido blanco de ataques desde este fin de semana, luego de que se le vinculara con Edgar Alejandro Villarreal, quien enfrenta un proceso legal en Estados Unidos. Ante la controversia, el edil de Matamoros respondió con una frase breve pero contundente: “No somos responsables de las acciones de los demás”.
Las especulaciones corrieron como pólvora, en redes sociales señalaron, los ataques mediáticos tienen dueño, y los nombres detrás de esta campaña suenan familiares. Expreso RGV —medio utilizado para difundir los señalamientos— responde a Luis Biasi, mientras que CRM Noticias a los intereses de Leticia Salazar.
Datos viejos y conocidos por todo Matamoros, se comenta, como vieja y conocida la información que se ha publicado, sobre que Leticia y Biasi no solo heredaron las mañas de la política, sino también parte del patrimonio de Tomás Yarrington. Así fue como terminaron como dueños de estaciones de radio, periódicos, hoteles entre otras propiedades con un valor superior al millón de dólares.
Durante años, esta información quedó en el archivo, como un dato enterrado en la historia reciente de Matamoros. Pero hoy resurge, no por casualidad, sino porque al encender un escándalo contra el alcalde y contra Américo Villarreal Santiago terminaron iluminando sus propios nombres, ahí está, por ejemplo, Nora Isela González Sánchez, ex jefa de prensa de Leticia.
Fue una total sorpresa haberla encontrado como representante de Grupo Coral de Tampico, concesionaria de la emisora XHLE-FM, para interponer un recurso de revisión especial del procedimiento sancionador SRE-PSC-170/2022. El problema con esta emisora inicia el 2021, la estación se negó a transmitir la pauta electoral obligatoria del INE, lo que llevó a un procedimiento sancionador que concluyó con una multa de $179,240 pesos y la orden de reponer los promocionales omitidos. Sin embargo, no cumplieron en su totalidad y, en abril de 2022, el Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizó la cesión de la concesión, pasando de XELE del Golfo, S.A. de C.V. a Grupo Coral de Tampico, S.A. de C.V., lo que significaba que la nueva concesionaria heredaba la sanción pendiente.
A finales de 2022, Nora Isela González Sánchez entró en escena, representando legalmente a la empresa y buscando impugnar la sanción. Pero el problema persistió. En septiembre de 2023, el INE detectó que la emisora seguía sin reponer completamente los promocionales omitidos, lo que llevó a un incidente de incumplimiento. La falta de pago de la multa original se convirtió en un crédito fiscal y, en septiembre de 2023, el TEPJF impuso una nueva multa de 400 UMAS, equivalentes a $38,488 pesos, además de solicitar al INE el seguimiento del pago.
Finalmente, en enero de 2024, el INE verificó que se habían transmitido todos los promocionales ordenados, no hay pruebas de que la empresa haya cumplido con el pago de las sanciones. El problema no es solo el incumplimiento, sino el patrón que se repite. El análisis de los promocionales omitidos muestra una tendencia clara: los más afectados fueron MORENA y el INE. En el caso de MORENA, el 100% de sus spots fueron omitidos, mientras que los del INE alcanzaron un nivel de omisión del 76.92%, afectando la difusión de información electoral imparcial.
Ante estos datos, la pregunta es inevitable: ¿Grupo Coral de Tampico decidió qué partidos podían hablar y cuáles no? La concesionaria, que en el papel debía ser un medio imparcial, terminó convirtiéndose en un actor dentro de la contienda electoral, manipulando el acceso a la información pública.
Y aquí es donde cobra sentido la presencia de Nora Isela González Sánchez, exjefa de prensa de Leticia Salazar y representante de la emisora sancionada. ¿Fue solo una casualidad que la radio ligada a una exfuncionaria panista omitiera por completo los spots de MORENA? ¿Fue un error técnico o una operación política?
El caso de Grupo Coral de Tampico no es un expediente cerrado. Las omisiones de spots, las sanciones acumuladas y el historial de incumplimiento siguen ahí. Ahora que su exrepresentante legal está en otra emisora, ¿será casualidad que nuevamente se usen las frecuencias para favorecer intereses políticos? ¿Se presentarán nuevas consecuencias para el equipo de Lety Salazar?
no sería raro que es Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el INE comiencen a prestar más atención al caso, pues cuando una emisora es utilizada para operar políticamente en lugar de informar, los reguladores tienen facultades para investigar, sancionar e incluso revisar la continuidad de una concesión, sobretodo porque se ha vulnerado la imagen de una joven madre trabajadora y embarazada y con esto, seguramente las instituciones competentes comiencen a prestar más atención.
