Por Redacción Sentido Común.
En la última década, las políticas implementadas sobre la minería en México han tenido un impacto negativo en la inversión y competitividad del sector. La carga fiscal impuesta a las empresas mineras, junto con reformas regulatorias, ha llevado a que la industria se encuentre lejos de los niveles de inversión que registraba antes de 2014, y su futuro se ve cada vez más incierto.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2014, se estableció un derecho del 7.5% sobre las ganancias de las empresas mineras. Sin embargo, para 2025, la Administración de Claudia Sheinbaum ha elevado esta tasa a 8.5%. Además, el derecho adicional a las empresas productoras de metales preciosos, conocido como extraordinario, se duplicó, pasando del 0.5% al 1.0%.
En 2023, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aprobó cambios a la Ley Minera que limitaron la exploración minera al Servicio Geológico Mexicano, una institución sin la capacidad técnica ni financiera necesaria para llevar a cabo esta actividad esencial para la industria. Asimismo, la reforma estableció una reducción del 20% en la duración de las concesiones mineras, lo que ha generado aún más incertidumbre en un sector que requiere certezas a largo plazo debido a las grandes inversiones que demanda y los tiempos largos para obtener retornos.
Empresarios del sector minero han señalado que la fuerte carga tributaria y la falta de estímulos fiscales han convertido a México en un destino caro para invertir en minería, lo que ha restado competitividad a las empresas nacionales frente a sus contrapartes internacionales. A esto se suma una regulación cada vez más lenta, discrecional y cargada de ideología, lo que ha frenado el crecimiento de la industria y ha dificultado el desarrollo del alto potencial minero que posee el país.
Un estudio de PwC revela que la carga tributaria total para una empresa minera en México ascendía a 38.76% antes de la regalía impuesta en 2014, pero con las nuevas tasas, esta cifra podría superar el 51%. En contraste, en países con industrias mineras desarrolladas, esta carga tributaria oscila en torno al 43.8%.
El impacto de estas condiciones fiscales y regulatorias adversas ya es evidente: la industria minera mexicana emplea directamente a más de 420 mil personas y genera más de 2.6 millones de empleos indirectos, lo que resalta la importancia del sector para la economía del país.
Los empresarios del sector advierten que, si no se revisan las políticas fiscales y regulatorias, México podría seguir perdiendo competitividad en la minería y alejarse de su potencial como uno de los principales destinos para la inversión en este rubro.
