Por Redacción Sentido Común.
El Gobierno federal anunció la desaparición de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), un órgano descentralizado creado en 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que estuvo involucrado en uno de los mayores escándalos de corrupción de la pasada administración. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) publicó un proyecto de decreto para la desincorporación de Segalmex, que será fusionada con Diconsa, otra paraestatal adscrita a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
La fusión se llevará a cabo en un plazo máximo de dos años, luego de que la medida fuera aprobada el martes por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. La presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado esta decisión en septiembre, aunque el decreto no menciona los escándalos de corrupción que desataron procesos penales y un caos administrativo en Segalmex.
Según el decreto, la fusión tiene como objetivo garantizar el derecho a la alimentación de calidad y mejorar la distribución agroalimentaria en beneficio de las zonas más rezagadas del país. Asimismo, se espera una mejora en las condiciones económicas, reduciendo los gastos administrativos y presupuestarios. El documento subraya que Segalmex y Diconsa comparten el mismo equipo directivo, lo que facilitará la integración de ambos órganos.
Aunque Sheinbaum había propuesto la creación de Alimentación para el Bienestar como parte de la fusión, el decreto no hace mención de esta nueva entidad. Segalmex, que en su apogeo contó con más de 4,000 empleados, ahora tiene apenas 132, mientras que Diconsa mantiene a más de 4,000 trabajadores. A pesar de la reducción de personal, Segalmex aún tiene asignados 12,500 millones de pesos en el presupuesto de 2025 para pagar precios de garantía a los productores.
Segalmex fue creada para retomar funciones de la extinta Conasupo, particularmente en la distribución de subsidios a los productores agrícolas nacionales. Sin embargo, su gestión estuvo marcada por irregularidades y desvíos de fondos que ascendieron a unos 15,000 millones de pesos, lo que derivó en múltiples acusaciones penales. A pesar de que la justicia federal giró 56 órdenes de aprehensión desde 2022, solo diez personas han sido detenidas hasta finales de 2024, mientras que 34 individuos enfrentan imputaciones y cinco se han convertido en testigos colaboradores.
