Crónicas del Sur; por Juan José Tomás
En Tamaulipas, los temas de sustentabilidad y justicia parecen marcar el ritmo de los acontecimientos recientes. Desde los esfuerzos para garantizar el acceso al agua en Altamira hasta las acciones legales contra personajes del pasado panista, la agenda política y social del estado sigue moviéndose entre los extremos del desarrollo y la rendición de cuentas.
Por un lado, Altamira da un ejemplo de liderazgo en la gestión de recursos hídricos. Durante el “Plan Maestro Municipal de Infraestructura Hidráulica” celebrado en Ciudad Victoria, el alcalde Armando Martínez Manríquez se posicionó como un referente en la búsqueda de soluciones sostenibles. Su participación junto a otros líderes municipales y funcionarios estatales refuerza un mensaje claro: el agua es un derecho humano y una prioridad para el desarrollo regional. Este compromiso no solo aborda las necesidades inmediatas de los altamirenses, sino que también sienta las bases para que la sustentabilidad sea parte del ADN gubernamental.
Cae el primer excolaborador del cabecismo en Tamaulipas.
Ahora bien, por otro lado tenemos, en el ámbito legal, la detención de Rómulo «N», exsecretario de Bienestar Social durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, resuena como un eco del pasado que sigue demandando justicia. Acusado de desviar 125 millones de pesos bajo el pretexto de una excepción a la licitación pública, su caso expone las grietas de una administración que, a pesar de sus promesas, terminó socavando la confianza pública. Este episodio no es solo un recordatorio de los abusos del poder, sino también una prueba de que los sistemas de justicia pueden operar más allá de los ciclos políticos.
La ironía de los tiempos actuales es que ambos casos, aunque separados por agendas distintas, se entrelazan en la narrativa de un Tamaulipas que busca regenerarse. Mientras en Altamira se construyen puentes para garantizar un futuro más equitativo, la justicia desmantela los vestigios de un pasado opaco.
Sin embargo, ambos procesos comparten un desafío común: la continuidad. El compromiso con la sustentabilidad no puede quedarse en eventos bien intencionados o discursos inspiradores, como tampoco la justicia debe ser selectiva o utilizada como arma política. Para que Tamaulipas pueda avanzar, estas acciones deben trascender los nombres propios y convertirse en políticas públicas que perduren más allá de los cambios de administración.
En el fondo, estos episodios representan una pugna entre lo que queremos ser y lo que necesitamos dejar atrás. Mientras Altamira trabaja por un manejo integral del agua y lo logra, Tamaulipas lidia con las consecuencias de administraciones que hicieron del erario su botín. Entre estas dos caras de la moneda, el estado se debate en la construcción de su propia narrativa: una que ojalá encuentre en la sustentabilidad y la justicia, no solo respuestas inmediatas, sino también el camino hacia un futuro más digno.
Como siempre, el reloj político no se detiene, y cada acción –o inacción– se convierte en una pieza del rompecabezas de nuestro destino colectivo. ¿Estarán las actuales administraciones listas para sostener estos compromisos? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, Tamaulipas sigue escribiendo su historia, una que, esperemos, sea más de agua limpia y menos de manos sucias.
