La ley de ingresos como pacto político y estrategia de poder
Fuentes fidedignas. Por: Isaias Alvarez
En esta serie de análisis sobre la polémica Ley de Ingresos 2025 de Reynosa, primero desglosamos los artículos que viola y los principios fundamentales que atropella, desde la Ley de Coordinación Fiscal hasta la Ley General de Hacienda Municipal. Posteriormente, exploramos las consecuencias legales, financieras y sociales que enfrenta la administración de Carlos Peña Ortiz, incluida la posibilidad de sanciones graves como la retención de participaciones federales y denuncias penales. Ahora es momento de adentrarnos en las posibles jugadas y movimientos políticos detrás de esta ley, así como los pactos y alianzas que explican su creación.
La Ley de Ingresos no es un simple acto administrativo, sino un instrumento político cuidadosamente diseñado. Su elaboración y promoción parecen ser parte de un pacto estratégico que une a actores de la política tamaulipeca: Carlos Peña Ortiz, Maki Ortiz, José Ramón Gómez Leal y Francisco García Cabeza de Vaca. Este último, experto en la narrativa de victimización y el conflicto político, parece haber prestado su manual de estrategias a los Makitos, quienes ahora lo adaptan a su propio escenario con el respaldo de su círculo cercano.
La alianza entre los Peña Ortiz, Gómez Leal y Cabeza de Vaca no es fortuita. Responde a un interés compartido de consolidar una base de poder en Tamaulipas, utilizando a Reynosa como bastión. La Ley de Ingresos, con su evidente violación de principios legales y sus controversiales medidas de recaudación, no parece haber sido creada para ser eficiente ni justa, sino para generar un conflicto político que sirva como plataforma para sus protagonistas. Este conflicto, lejos de ser un error o una improvisación, parece deliberado. La idea es provocar una confrontación con el Gobierno Estatal y la Federación, posicionando a Carlos Peña Ortiz como el defensor de Reynosa frente a los supuestos ataques externos.
Este guion no es nuevo. Francisco García Cabeza de Vaca ya lo utilizó durante su mandato, cuando acusó a la Federación de retener participaciones federales que, en realidad, nunca estuvieron en riesgo. Esa narrativa le permitió proyectarse como un líder estatal fuerte, capaz de “enfrentar” al gobierno federal. Aunque López Obrador lo desmintió públicamente en una mañanera en Reynosa, el daño ya estaba hecho, y Cabeza de Vaca logró posicionarse como un mártir político. Ahora, Carlos Peña Ortiz parece decidido a repetir la fórmula, esta vez con el apoyo de doña Maki Ortiz y la inclusión de José Ramón Gómez Leal como un individuo que puede ocupar varios roles estratégicos en el futuro.
La Ley de Ingresos también cumple una función económica y política en el ámbito local. Los cobros desproporcionados a grandes corporaciones y las medidas que aparentan beneficiar a los pequeños comercios no son casuales. Este diseño polariza a los actores económicos, fortaleciendo a quienes dependen del favor municipal mientras debilita a sectores menos alineados con la administración. Los ingresos adicionales, aunque controvertidos, podrían ser utilizados para financiar proyectos visibles que fortalezcan la imagen pública de Peña Ortiz o incluso movilizaciones políticas en el mediano plazo.
El papel de Maki Ortiz es fundamental en esta estrategia. Con su experiencia – para bien o para mal- y sus dos periodos previos como alcaldesa de Reynosa, se posiciona como una estratega que entiende las dinámicas locales y estatales. Aunque su rol es menos visible, es evidente que apoya esta jugada como parte de un plan mayor. Si Carlos Peña Ortiz no busca directamente la gubernatura, el pacto parece incluir una declinación estratégica a favor de Maki Ortiz o de José Ramón Gómez Leal, quienes también tienen aspiraciones políticas claras y aparente capital político para competir en el tablero estatal.
La influencia de Cabeza de Vaca en esta estrategia es innegable. Su experiencia en manipular el discurso de confrontación para posicionarse políticamente se refleja claramente en la manera en que Carlos Peña Ortiz y su equipo manejan la novela de la ley de ingresos. Aunque ahora juega un papel más discreto, su alianza con los Ortiz demuestra que su interés por mantener el control político de Tamaulipas sigue vigente, incluso desde las sombras.
La Ley de Ingresos 2025 no es un error administrativo ni una mala decisión aislada. Es una jugada política deliberada, diseñada para polarizar, generar ruido mediático y consolidar poder. Las posibles sanciones legales y financieras parecen ser un costo que los involucrados están dispuestos a asumir si con ello logran proyectarse como líderes fuertes en Tamaulipas. El pacto entre los Ortiz, Gómez Leal y Cabeza de Vaca muestra que, en política, las alianzas más improbables pueden surgir cuando los intereses y ambiciones son compartidos. Lo que está en juego no es solo el futuro de Reynosa, sino el control político de Tamaulipas bajo un modelo que recicla estrategias del pasado para proyectarse hacia el futuro.
