El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre varias acciones relevantes llevadas a cabo el 26 de diciembre de 2024 en diversos estados del país, con el objetivo de combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad pública.
En Baja California, un operativo conjunto entre el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN) permitió el cateo de dos inmuebles en Ensenada, donde se aseguraron tres millones de artículos de contrabando, con un valor estimado de 320 millones de pesos.
En Sonora, en el municipio de Cajeme, la Semar y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ) ejecutaron un cateo en un inmueble, donde detuvieron a dos personas y aseguraron drogas, dinero en efectivo y una motocicleta. Además, en la misma entidad, en el municipio de General Plutarco Elías Calles, las fuerzas federales y locales confiscaron un arsenal que incluía cuatro armas largas, un lanzacohetes, más de 6,400 cartuchos y equipo táctico. En la línea fronteriza, también se localizó un túnel que conectaba con San Luis, Arizona, a través de una colaboración entre la Policía Estatal y la Customs and Border Protection (CBP).
En Colima, elementos de la Semar, en coordinación con la Policía Municipal, detuvieron a dos personas en Villa de Álvarez y Manzanillo, a quienes les aseguraron metanfetamina. En Puebla, la Guardia Nacional realizó la detención de dos personas en Amozoc de Mota, tras atender un reporte de riña, incautándoles dos armas cortas.
Por otro lado, en Sinaloa, en el municipio de Concordia, el Ejército Mexicano localizó y aseguró cargadores y cartuchos durante un operativo de vigilancia. En Tabasco, específicamente en Jalpa de Méndez, el Ejército Mexicano confiscó dos armas largas, cartuchos, drogas y equipo táctico.
Finalmente, en Veracruz, en el municipio de Atoyac, cinco personas fueron detenidas por elementos del Ejército Mexicano, la GN, la Semar y la Policía Estatal, quienes aseguraron drogas y un arma de fuego durante un operativo de seguridad y vigilancia.
Estas acciones son parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que busca fortalecer la presencia del Estado en las regiones afectadas por el crimen organizado, garantizar la seguridad pública y reducir la violencia en el país. Las autoridades reiteran su compromiso con la coordinación interinstitucional para seguir combatiendo la delincuencia y la impunidad.
