Gobierno Federal admite ante la CIDH falta de diagnóstico para justificar la reforma judicial
Por Redacción SC.
El Gobierno Federal aceptó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no existió un diagnóstico previo que justificara la necesidad de la reforma judicial en México, según informaron los juzgadores que participaron en las audiencias del organismo internacional. Esta declaración fue hecha en el contexto de una serie de interrogantes planteadas por la CIDH sobre los fundamentos y la pertinencia de la reforma impulsada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Juan Alfonso Patiño Chávez, director jurídico de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), señaló que la representación del Estado mexicano ante la CIDH fue «deficiente», ya que solo respondió una pregunta clave: “¿Cuál es el diagnóstico que dio pauta a las premisas de la reforma judicial?”. La respuesta oficial fue tajante: «ninguno, no hay, lo único que hay son notas periodísticas que destacan cómo la gente tiene cierta opinión».
Patiño lamentó que esta falta de justificación demoliera la premisa de que el Poder Judicial enfrentaba serios problemas que requerían una reforma estructural. Asimismo, cuestionó la ausencia de respuestas claras a otras interrogantes importantes, como la situación de las fiscalías y el sistema penitenciario. «Esto me parece lamentable, porque destruye la premisa de que el Estado mexicano ha advertido ciertos hechos negativos en la función jurisdiccional, que no encuentran sustento jurídico», afirmó.
Por su parte, el magistrado Juan José Olvera López subrayó que la inexistencia de un diagnóstico por parte del Ejecutivo y Legislativo solo corrobora que la supuesta corrupción en el Poder Judicial de la Federación (PJF) es más una “leyenda urbana”, en gran parte alimentada por las constantes afirmaciones del ex presidente López Obrador. Olvera recordó que el único estudio serio sobre la percepción de la justicia federal es el realizado por México Evalúa, el cual revela que más del 80% de las personas que tienen una opinión negativa sobre el PJF nunca han tenido contacto con el sistema de justicia federal.
El magistrado también indicó que, según dicho estudio, la mayoría de las quejas no se relacionan con jueces corruptos, sino con los Ministerios Públicos, quienes tienen una percepción negativa del servicio de justicia. “El 95% de la ineficacia de los servicios de justicia está en los Ministerios Públicos, no en el PJF, que rinde cuentas año con año”, afirmó Olvera.
En cuanto a los posibles efectos de la reforma, Olvera expresó su preocupación por la incorporación de juzgadores sin la experiencia necesaria para desempeñar sus funciones de manera adecuada. «Juzgar a las personas es una labor de alta responsabilidad, no un día de campo», concluyó el magistrado.
