Fuentes fidedignas. Por: Isaias Alvarez
Carlos Peña Ortiz, ha encontrado un camino fácil para gobernar: el de la recaudación desmedida y, según los expertos, ilegal. La Ley de Ingresos 2025 que propuso su administración y que aprobó un Cabildo complaciente, no solo ataca al sector empresarial de Reynosa, sino que además viola principios fundamentales de la Ley de Coordinación Fiscal, convirtiéndose en un peligro para la economía de la ciudad.
Sin embargo, Reynosa parece no estar sola. En una muestra de unidad pocas veces vista, más de 50 empresarios, liderados por Coparmex Reynosa y su presidente Heberardo González Garza, se reunieron con los diputados locales para pedir que esta ley no sea aprobada en el Congreso del Estado. En la reunión estuvieron presentes legisladores como Humberto Prieto Herrera, Eva Reyes González, Marco Gallegos, Magaly Deandar, Armando Zertuche, Juan Carlos Zertuche y Gerardo Peña, quienes se comprometieron a frenar esta medida que pone en riesgo al sector productivo y a toda la ciudad.
Pero, ¿qué hace a esta ley tan peligrosa? Para empezar, los cobros desproporcionados: $217,140 por inscripción de supermercados, $162,855 para tiendas de conveniencia y $21,714 por cada cajero automático. Estos montos no solo son excesivos, sino que además duplican cargas tributarias ya reguladas por la Federación, violando el artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal. Adicionalmente, el artículo 11, fracción IV, prohíbe que los municipios condicionen actividades económicas con cobros indebidos, algo que esta ley ignora por completo.
El Cabildo de Reynosa aprobó esta aberración sin un análisis decente ni consultas con los sectores afectados. Su actuación es una traición directa a quienes confiaron en ellos para proteger los intereses de la ciudad. Gobernar no significa recaudar a lo toda costa, y el Cabildo agachón parece haber olvidado esa lección fundamental.
Y luego está Carlos Peña Ortiz, quien salió a defender su ley con un discurso tan populista como vacío. Según él, esta medida busca proteger al comercio local y frenar a las grandes cadenas internacionales que “se llevan el dinero de Reynosa”. Pero los antecedentes lo desmienten. Tan solo recordemos cuando doña Maki Ortiz se volvió noticia nacional, al pretender imponer un impuesto a los taqueros y eloteros, con los mismos funcionarios que trabajan de Makito. Entonces ¿Cuál es el objetivo de estos sino es cobrar por todo y a todos? Este esquema recaudatorio afecta directamente a la cadena de suministro que sostiene a los pequeños negocios que el alcalde dice defender. Además, acusar a Coparmex de “defender intereses internacionales” no es más que un intento burdo de desviar la atención.
El alcalde incluso tuvo el descaro de señalar a los diputados que se oponen a su ley como defensores de “intereses perversos”. Pero lo único perverso aquí es la falta de respeto por la legalidad y el bienestar de Reynosa. Peña Ortiz está tan obsesionado con justificar su ley que no ve el daño que ya está causando a la confianza en su administración.
La Ley de Ingresos 2025 no es más que un intento desesperado por recaudar a cualquier costo, ignorando leyes, principios y consecuencias. La obsesión recaudatoria del Makito se enfrenta hoy a una ciudadanía que parece que no tolerará más abusos de esta familia.
