Sin Filtros; por Brenda Ramos
En México, el tema de la energía es una cuestión de Soberanía Nacional, de los recursos que le pertenecen al país y de cómo estos pueden cambiar la vida de millones de personas. La reciente reforma energética, que avanza en comisiones del Senado, pone sobre la mesa una discusión que va más allá de CFE y Pemex. Se trata de quién controla nuestro futuro energético: ¿el Estado o los intereses privados?
Uno de los puntos más candentes de la reforma es el litio, ese “nuevo oro” que está en el centro de la transición energética global. En México, no faltan quienes sueñan con hacerse ricos con este recurso, pero la reforma es clara: el litio será estratégico, sin concesiones a privados. Esto es fundamental si se quiere evitar que el destino de este recurso caiga en las manos equivocadas, como tantas veces ha ocurrido en nuestra historia.
Este mineral, clave para baterías y energías limpias, será aprovechado para el bien común, no para engrosar las cuentas de unos cuantos.
Lo que hace que esta reforma sea tan importante es que busca devolver el control público y estratégico a las grandes empresas energéticas del país: CFE y Pemex, piezas clave de la soberanía nacional. Sin ellas, el control sobre la energía en México quedaría en manos de corporaciones que buscan maximizar sus beneficios, sin importar el impacto en las familias mexicanas.
La reforma plantea una participación mayoritaria del Estado (54%) y un 46% para la iniciativa privada. No es un bloqueo al sector privado, sino una forma de poner orden en un terreno que, por años, ha estado dominado por quienes ven la energía como un negocio y no como un derecho.
La senadora Olga Sosa Ruiz dejó claro que la participación privada no está prohibida, pero sí controlada. Y esto es crucial. En el pasado, se vio cómo las reformas permitieron que empresas privadas aprovecharan los recursos nacionales sin devolver nada a cambio.
Ahora, con esta nueva visión, se busca garantizar que la energía sea accesible para todos los mexicanos, a precios justos, y que no dependa de quién puede pagar más. Un dato que subrayó la senadora es que, para 2030, se espera que el 45% de la energía en México provenga de fuentes renovables.
Pero lo que muchos olvidan es que esta reforma también incluye avances significativos en infraestructura. No se trata solo de tener más energía, sino de mejorar cómo se distribuye.En este sentido, la capacidad de transmisión y distribución de la CFE debe ser fortalecida para garantizar un suministro confiable y más barato. Esto podría significar la diferencia entre una familia que puede pagar su recibo de luz y otra que no.
Y es que México ya está empezando a ser reconocido a nivel internacional por sus avances en el sector energético. El gobierno, recientemente, fue elogiado por la adquisición de 13 centrales eléctricas, situación de la dio cuenta la Senadora en sus intervenciones, lo que demuestra la capacidad del país para gestionar sus propios recursos de manera efectiva.
Este tipo de logros son los que posicionan a México como un actor relevante en el escenario energético global. Pero no se puede bajar la guardia, sobre todo con la historia de la reforma de Peña Nieto como la sombra de un gobierno, pues muchos de los cuales votaron a favor de esta, siguen han vuelto a legislar en las cámaras, dispuestos a venderse y tergiversar las leyes para que el control de estos recursos caiga de nuevo en manos de intereses privados, eso sería estar repitiendo los errores del pasado.
Queda claro que, la reforma energética que se discute hoy es una decisión sobre el rumbo que tomará México en las próximas décadas. El país necesita energía limpia, accesible y controlada por el Estado, no negocios sucios que solo beneficien a unos pocos. Como lo dijo la senadora Sosa, esta es una oportunidad histórica para recuperar lo que de la soberanía nacional y asegurarse de que el futuro de la energía en México esté en las manos correctas: las del pueblo mexicano.
