Aprueban Tablas Catastrales que cuidan la economía de la población evitando cargas fiscales adicionales
La Legislatura 66 aprobó las Tablas Catastrales de 41 Municipios, manteniéndolas con los valores vigentes para el ejercicio fiscal 2025, es decir, sin incrementos que lesionen la economía de las familias tamaulipecas.
La Diputada Úrsula Salazar Mojica, presentó el dictamen emitido, previa reunión de las Comisiones unidas de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, así como de Asuntos Municipales, figurando que de las propuestas hechas por los 41 Ayuntamientos, 27 no contenían cambio, dos fueron extemporáneos, uno sin acta de cabildo y 10 omisos.
“Por lo que, fueron aprobados en ese sentido. Conservando los valores actuales aplicados en este año 2024”, señaló, al coincidir con las diferentes fuerzas políticas en su compromiso por cuidar el bienestar de la población y evitar cargas fiscales adicionales.
Los 27 Ayuntamientos que presentaron sin cambios sus propuestas son: Abasolo, Altamira, Ciudad Madero, Cruillas, El Mante, González, Güémez, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Mainero, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Miquihuana, Padilla, Palmillas, Río Bravo, San Nicolás, Tampico, Tula, Valle Hermoso, Victoria
Villagrán y Xicoténcatl.
Asimismo, las planteadas de manera extemporánea fueron: Casas y San Fernando; Sin acta de cabildo, Ocampo y quienes no cumplieron con esta obligación, Aldama, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Camargo, Gómez Farías, Llera, Nuevo Morelos, San Carlos y Soto la Marina.
Y respecto a la Propuesta del Ayuntamiento de Reynosa, acordaron mantener los valores actuales para el año 2025, solo agregando las nuevas colonias y corredores de valor, además, las de Matamoros y Nuevo Laredo, serán analizadas en una reunión programada para el lunes a las 16:00 horas.
Este mismo martes, se desahogaron diversos asuntos, destacando el exhorto a la Jueza Nancy Juárez Salas, del Décimo Noveno Distrito Judicial con sede en Veracruz Ignacio de la Llave, a efecto de que se abstenga de tratar de boicotear las acciones inherentes al legítimo derecho de los poderes Legislativo y del Ejecutivo.
