Fuentes fidedignas. Por: Isaías Álvarez
No es novedad que en mentes débiles, el poder y las adicciones se entrelacen como hilos de teleraña, que terminan atrapando a muchos ingenuos, la mayoría jóvenes e inexpertos. Y lamentablemente pareciera la regla y no la excepción que los políticos de nueva generación sigan cayendo en las garras del consumo de sustancias, por lo que urge que alguien ponga orden y haga algo al respecto.
Se ha vuelto común, que cada vez más funcionarios muestren comportamientos erráticos que, parecen ser la consecuencia del abuso de drogas y alcohol. Insultos a la ciudadanía, palabras altisonantes y amenazantes en entrevistas, desplantes a autoridades superiores, ataques contra la prensa y hasta el uso de la violencia contra opositores son solo algunos ejemplos de conductas preocupantes, con las que se conducen algunos políticos.
En el ámbito internacional ya hemos visto cómo las adicciones pueden minar la carrera de figuras públicas. Ni en países de primer mundo como Canadá y Estados Unidos, políticos no se han salvado de haber sido captados fumando crack o protagonizando una cadena de episodios vergonzosos, desde insultos en público hasta agresiones verbales a periodistas.
Y como olvidar a un exalcalde de Washington D.C., quien fue arrestado en pleno mandato por consumo de crack, un hecho que marcó su vida política. Estos ejemplos son un reflejo de lo que ocurre cuando quienes ostentan el poder se dejan arrastrar por el consumo de sustancias que nublan su juicio y desdibujan la ética de su mandato.
El problema se vuelve más serio cuando recordamos que quienes están al frente de nuestras instituciones tienen en sus manos la responsabilidad de tomar decisiones que afectan a millones de personas. ¿Cómo puede confiar el pueblo en alguien que, bajo el efecto de drogas o alcohol, pierde la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto? Los episodios de violencia verbal, las agresiones a la prensa y los desplantes frente a autoridades no son propios de alguien sobrio. Son señales de que algo más está ocurriendo y que el abuso de sustancias podría estar jugando un papel clave en el deterioro del comportamiento de algunos “líderes”.
Pero, ¿qué hacer ante esta situación? La respuesta es clara: que los funcionarios públicos se sometan a pruebas antidoping periódicas. Tal como ocurre en las fuerzas armadas, donde estas pruebas son una medida esencial para garantizar el buen juicio y la disciplina, los políticos también deben rendir cuentas de su estado físico y mental.
La propuesta va más allá de la simple evaluación médica. Es imperativo que los resultados de los exámenes sean públicos. La ciudadanía tiene derecho a saber si aquellos que están al mando de nuestras instituciones están actuando bajo el influjo de drogas o alcohol. Y no solo los funcionarios deberían someterse a estas pruebas; cualquiera que desee pertenecer y beneficiarse del aparato de gobierno llámese proveedor o contratista , también deberían demostrar que están libres de adicciones.Esto debido a que el poder y sus beneficios, no deben estar en manos de quienes no tienen control sobre sus propias decisiones.
Un político que se deja llevar por el consumo de sustancias es un riesgo no solo para su propio futuro, sino para el bienestar sus gobernados. La política exige claridad, responsabilidad y compromiso. Cualquier desviación de esos principios pone en peligro el futuro del estado y la confianza de sus ciudadanos.
Así que, a grandes problemas, grandes soluciones: una ley antidoping que obligue a todos los servidores públicos y proveedores del gobierno a someterse a pruebas periódicas, cuyos resultados sean de acceso público no solo ayudaría a garantizar que quienes nos gobiernan lo hagan con la mente clara y el juicio en su lugar, sino que también serviría como un filtro para quienes buscan obtener beneficios del Estado.
Es grotesco que personas bajo el influjo de sustancias tomen decisiones que afecten nuestras vidas. Una ley antidoping para funcionarios públicos no solo es necesaria, es urgente.
