Sin Filtros; por Brenda Ramos
Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, ha perfeccionado el arte de la simulación política. Su más reciente jugada ha sido presentar un supuesto ataque contra su hijo en la carretera Aldama-Soto La Marina, insinuando que se trata de una conspiración en su contra. Sin embargo, esta historia, como muchas otras antes, parece ser solo otra cortina de humo para desviar la atención de sus problemas legales y de la violencia real que dejó como herencia a los tamaulipecos.
Ante la denuncia que hizo en sus redes sociales el exgobernador, donde afirma que su hijo fue interceptado por hombres armados, la Vocería de Seguridad del Estado de Tamaulipas publicó en su cuenta oficial que desmiente esta versión de los hechos. Según el comunicado de la Vocería, con base en información de la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, el hijo de Cabeza de Vaca transitaba por un tramo de terracería cercano al rancho de su familia cuando fue abordado por hombres en una camioneta gris GMC Sierra. Sin embargo, al identificar que el joven era escoltado por elementos de la Guardia Estatal, pagados por el Estado, los dejaron seguir su camino sin violencia ni amenazas. “Seguramente al exgobernador, desde donde se encuentra prófugo de la justicia, no le informaron con veracidad de los hechos”, concluye el comunicado. Además, se espera que presente formalmente su denuncia ante la autoridad correspondiente, como lo ha anunciado.
Este incidente no es más que el último ejemplo de la estrategia de García Cabeza de Vaca para presentarse como una víctima de persecución política, mientras ignora los problemas reales que ocurrieron bajo su mandato. Desde que asumió la gubernatura en 2016, Tamaulipas ha estado marcado por una ola de violencia que no dejó de crecer.
En 2016, los primeros meses de su administración ya mostraban un repunte de la inseguridad, con homicidios dolosos al alza en ciudades como Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros. En 2017, la violencia alcanzó un nuevo nivel con el atentado contra un convoy militar en Ciudad Victoria, que dejó un saldo de al menos cuatro soldados muertos y varios heridos. Ese mismo año, la masacre de San Fernando, en la que 19 personas fueron asesinadas a bordo de un autobús, mostró la brutalidad con la que los grupos delictivos operaban en Tamaulipas, mientras el gobierno estatal fallaba en mantener el control.
La situación no mejoró en los años siguientes. En 2019, Tamaulipas vivió una serie de incidentes violentos graves, como los ataques en Reynosa y la ejecución de policías en Matamoros. Durante 2020, los enfrentamientos continuaron entre grupos criminales y fuerzas de seguridad, afectando tanto a funcionarios como a civiles, sin que el gobierno estatal lograra contener la violencia. A pesar de ello, García Cabeza de Vaca continuaba proyectándose como un líder capaz de restaurar la seguridad, pero la realidad en las calles mostraba otra cosa.
En 2021, último año de su mandato, los incidentes de violencia se intensificaron. Tamaulipas seguía registrando secuestros, masacres y asesinatos, con una frecuencia alarmante que reflejaba un estado en crisis. Pero García Cabeza de Vaca ya había iniciado su narrativa de persecución política, alegando que las investigaciones federales por corrupción y lavado de dinero en su contra no eran más que un ataque orquestado por sus enemigos políticos.
En lugar de enfrentar los cargos, el exgobernador huyó a Estados Unidos y lanzó una campaña mediática denunciando una supuesta persecución. Mientras tanto, maniobró políticamente para asegurarse seguridad personal, logrando que el Congreso local de Tamaulipas aprobara una reforma al artículo 19 bis de la Constitución, otorgándole escoltas y vehículos blindados hasta seis años después de dejar el cargo. Esta medida, aprobada por 26 votos a favor —de aliados como Gerardo Peña Flores y otros diputados del PAN, PRI y abstenciones de MORENA— fue clara en su propósito de blindarlo de futuras acciones legales, utilizando recursos del estado mientras la ciudadanía de Tamaulipas sufría la verdadera herencia de su gobierno: la violencia descontrolada.
El supuesto ataque a su hijo es solo el último recurso en una estrategia constante para simular ser una víctima del poder. Este incidente fabricado no solo busca distraer de los cargos serios que enfrenta, sino mantenerlo en el centro de atención como mártir político, en un intento desesperado por conservar relevancia y evitar el escrutinio.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le cerró otra puerta recientemente, cuando impidió su registro como candidato a diputado plurinominal por el PAN debido a sus antecedentes judiciales. Sin embargo, lejos de aceptar su situación, García Cabeza de Vaca insiste en recurrir a su narrativa de persecución, demostrando una vez más su habilidad para manipular a la opinión pública con tácticas de distracción y victimización.
Francisco García Cabeza de Vaca es, sin duda, un “Gran Simulador”. Mientras pretende convencer a la opinión pública de ser una víctima del poder, los tamaulipecos conocen la verdad: la verdadera persecución es la de la violencia y el caos que él dejó tras de sí. Al final, la simulación puede ser efectiva por un tiempo, pero la realidad siempre termina por abrirse paso.
