Por Hugo Reyna
La Mesa de Seguridad y Justicia Reynosa, puso en marcha una estrategia preventiva, entre la población con el fin de prevenir ser víctimas de delitos como extorsión, mediante mensajes a través de redes sociales, llamadas telefónicas, asi como amenazas.
Valentina Lopez, Coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia en Reynosa, expuso mediante redes sociales, una serie de consejos para prevenir la inseguridad y el delito ante el uso de la tecnología.
Configurar la privacidad de las redes sociales, no compartir ni difundir información personal ni ubicación en tiempo real, no atender llamadas telefónicas amenazantes o con fines de extorsión, grabar los números y consignar para denuncia ante las autoridades, son parte de los consejos que se difunden.
Expuso, que el delito de extorsión es un factor determinante que llega a provocar el cierre de empresas, se estima que al menos un 30 de los recursos económicos de las empresas se destinan al pago de piso por amenazas y extorsiones de grupos delincuenciales.
1 de cada 3 empresas han sido víctimas de este delito, por lo que otorgó su respaldo a la iniciativa de Coparmex de plantear una reforma constitucional al Artículo 73 Fracción 21 para agravar el delito de extorsión con penalidades más severas y sin derecho a fianza.
DIAGNOSTICO DE IMPUNIDAD
Jorge Puñuñuri Pantoja, presidente de la Comision Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, recientemente en conferencia informativa en Reynosa, ofreció un panorama más desalentador en torno a los efectos que genera el delito de extorsión.
-Hemos llevado un registro puntual de este que es uno de los delitos variados que se cometen, en donde la extorsión había registrado ya un total de 3 mil 473 víctimas en el país en 2023, durante el año 2022 se registraron 11 mil 042 víctimas de extorsión, esto refleja la frecuencia de dicho delito al ritmo de una extorsión cada hora en Mexico.
Y añadió. – Estamos en pláticas de formular una propuesta ante el pleno del Congreso de la Unión, para promover reformas al Artículo 71
Constitucional en su Fracción 21 y endurecer las sanciones a extorsionadores por hasta 20 años sin derecho a fianza y que los estados y municipios lo cataloguen como delito grave. Asentó.
