Por Redacción SC.
Luego de que el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, criticara la reforma judicial, la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, destacó que en 43 de los 50 estados de EE.UU. los jueces son elegidos por voto directo.
“Información muy relevante: en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular”, publicó Sheinbaum en respuesta al Embajador.
Salazar afirmó en conferencia que la reforma al Poder Judicial, que incluye la elección directa de jueces, podría poner en riesgo la democracia y la integración comercial entre ambos países.
Sheinbaum reiteró que la reforma judicial no solo propone una manera innovadora de elegir a los jueces, sino que también garantiza transparencia. Además, instó a los jueces a postularse en las futuras elecciones, asegurando que si son “muy buenos” y tienen un currículum destacado, la gente votará por ellos.
El senador Ricardo Monreal rechazó que la reforma judicial represente un riesgo para la democracia en México y subrayó que no aceptan ningún tipo de intervención en la redacción de las leyes. En entrevista, Monreal consideró que Salazar no ha leído completamente el proyecto de dictamen de la reforma y anunció que le enviará los fragmentos que garantizan que no sucederán las preocupaciones del Embajador.
Monreal también enfatizó que la declaración de Salazar es solo la opinión “de un representante del extranjero” y que continuarán con el análisis y diálogo sobre la reforma judicial. Añadió que en la mayoría de los estados de EE.UU. los jueces son elegidos, y en algunos casos, incluso alguaciles y jefes de bomberos.
Finalmente, Monreal subrayó que ningún extranjero puede intervenir en la construcción y redacción de las normas mexicanas y que actuarán en responsabilidad y congruencia con el mandato popular. Además, mencionó que se incorporará un párrafo en el anteproyecto para añadir la figura de jueces “sin rostro” o “sin identidad” para casos de delincuencia organizada, como propuso el Presidente López Obrador, con el fin de garantizar la seguridad de los jueces y sus familias.
