Sin Filtros; por Brenda Ramos
El día de ayer, la familia Peña Ortiz fue noticia nacional, debido a una gran movilización, por el presunto intento de secuestro al señor Carlos Peña Garza, padre del alcalde de Reynosa Carlos Peña Ortiz. El Señor Carlos, es conocido por ser el Presidente del DIF Reynosa, por compartir con su hijo problemas con la justicia y por ser dueño de terrenos de la zona de tolerancia de la ciudad fronteriza.
Debido a la gravedad de la situación, es lógico que miles de personas estén dando su opinión. En su mayoría, el sentir de los reynosenses fue de molestia por la rapidez en que las autoridades atendieron al caso, alegando que los ciudadanos de a pie, ni soñando les hubieran resuelto con esa eficacia.
Por otro lado, hay quienes ven el atentado como una cortina de humo por parte de este grupo político, para desviar la atención inmediata de la falta de agua en la que COMAPA Reynosa mantiene a la ciudadanía.
La situación en todas sus aristas es preocupante; en primer lugar, la evidente atención preferencial que recibió el señor Carlos en una de las ciudades más peligrosas del mundo refleja la clara diferencia entre el poderoso y el ciudadano de a pie.
En segunda, en el hipotético caso de que el atentado hubiera sido real, podría interpretarse como una consecuencia directa de la situación que enfrentan tanto Carlos Peña Ortiz como su padre, el señor Carlos Peña Garza. Ambos han sido objeto de múltiples procedimientos judiciales, pero siguen en libertad gracias a numerosos amparos promovidos. Esta situación podría percibirse como un símbolo de la impunidad que prevalece en la zona, lo que posiblemente otorgue a los grupos delincuenciales un sentido de libertad para actuar, reflejando la grave problemática de seguridad que azota a la ciudad.
En tercer lugar y como la más grave probable situación, el que todo hubiera sido un montaje para desviar la atención. En la política, el recurso de fingir un ataque o atentado para desviar la atención de problemas más grandes, o para ganar simpatía y apoyo del público, es conocido como «autoatentado» y es más común de lo que se cree.
Tan es así que hemos documentado varios ejemplos de figuras políticas donde la opinión pública ha señalado con fuerza la posibilidad de que los incidentes fueran autoatentados, diseñados para captar la atención mediática y ganar apoyo político.
En 2011, cuando Fernando Yunes Márquez, entonces senador, denunció haber sido objeto de un atentado en Veracruz.
En 2011, Alejandro Encinas, en ese entonces candidato a gobernador del Estado de México por la coalición izquierdista, denunció un ataque contra su convoy en Nezahualcóyotl.
En 2020, Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA), denunció haber sido víctima de un atentado.
En 2016, la entonces Alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz, denunció violencia política en su contra. Fue reelecta en el cargo para 2018.
Lo que tienen en común todos estos casos es que la opinión pública los ha señalado como autoatentados, reflejando una marcada desconfianza hacia los actores políticos involucrados y destacando cómo tales acusaciones pueden influir significativamente en la percepción pública.
En el caso de Reynosa, tal y como mencionan los ciudadanos, el incidente si desviaría la atención de la falta de agua en la ciudad, pero además hay un tema más complejo, pues la reelección de Carlos Peña solo le compró tiempo, pero no le quitó ni a él ni a su padre la orden de aprehensión en su contra.
Respecto al tema político, con el inminente retiro de su padrino de candidaturas Mario Delgado de la dirigencia del partido y la reciente revelación de que sus estructuras familiares solo logran asegurar alrededor de 15 mil votos, su posición dentro de MORENA o de cualquier partido se ha debilitado considerablemente, obligándolos a tratar de sobrevivir a toda costa y bajo cualquier artimaña.
Por cierto, que, si en efecto fuera un auto atentado, sería fácil hacerlo creíble simplemente citando el reciente asesinato de Julio Almanza Armas, el secuestro del papá de la senadora suplente Verónica Castillo, y agregando que la violencia es el pan de cada día en la frontera. ¿Quién se atrevería a negar la veracidad de dichos sucesos en un contexto donde tales incidentes son lamentablemente comunes?
Además, quien preparó el escenario está muy consciente de que el secuestro es un delito federal, por lo que todo apunta a que se busca involucrar a autoridades de alto nivel con tal de desestabilizar al gobierno de Américo Villarreal.
Vaya, si no es la primera vez que ese grupo político recurre a las mentiras y victimización para manipular la opinión pública y salirse con la suya, considerando que Maki ha ocupado cargos como diputada federal, senadora y dos veces alcaldesa, mientras que su hijo ha sido reelecto en la alcaldía.
Así, aunque la familia Peña Ortiz continúa tejiendo sus narrativas, en Reynosa ya pocos se dejan engañar, y nadie se sorprenderá de ver más de estos trucos por su parte en el futuro con tal de mantenerse en el poder a fin de asegurar su fuero.
