Juez que absolvió a Rosario Robles, encabezó en Tamaulipas, paro contra la Reforma Judicial
Alejandro Mares Berrones
A las cero horas del 21 de agosto de 2024, el Poder Judicial de la Federación, XIX Circuito, con sede en Matamoros, Tamaulipas, que alberga a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, y el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales y el Tribunal Colegiado de Apelación, con discursos y lonas rechazaron la Reforma Judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ya se discute en la Cámara de Diputados.
Fue el Juez Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, titular del Juzgado Tercero de Distrito, quien dijo que los foros fueron una simulación y que el paro, “es un momento en que la justicia cierra sus puertas”; en ese instante los trabajadores del PJF, empezaron a colgar mantas, a colocar candados y cinta amarilla en las puertas de acceso al edificio de estos Juzgados y Tribunales.
Mantas que dicen: “Si a la carrera judicial, no a jueces por voto popular; por la defensa de los derechos de todos; al árbitro no se le expulsa, apoyamos un Poder Judicial Independiente, Imparcial y de carrera”, fueron algunas de las manifestaciones que rezan, mientras que los trabajadores se apostaron en toldos para sombra, a fuera de este edificio ubicado en avenida Pedro Cárdenas y Longoria, del Fraccionamiento Victoria de Matamoros.
Por indicaciones de Juan Manuel Rodríguez Gámez, Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado de Apelación del décimo noveno circuito, secundado por los magistrados Juan Marcos Olguín Rodríguez y Rafael Quiroz Soria; los trabajadores del PJF colocaron un aviso de suspensión de labores, de plazos y términos procesales, en el cual aseguran que el paro está autorizado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, según la circular 16/2024.
Respaldados, además por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, en estos oficios se menciona que el paro es prácticamente indefinido:
“Días inhábiles, a partir de las cero horas del 21 de agosto de 2024, y hasta en tanto se superen las circunstancias que motivan esta determinación; se suspenden los plazos y términos procesales”, los asuntos de carácter urgente los atenderán los Tribunales Colegiados de Apelación.
El Juez que encabezó el paro contra la reforma judicial en Matamoros, es uno de cuatro jueces, a los que la Fiscalía General de la República, a cargo del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, abrió carpeta de investigación, por emitir resolución a favor de Rosario Robles Berlanga, quien fue acusada y encarcelada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, por el presunto desvío de recursos de las secretarías Sedatu y Sedesol por 5 mil MDP.
En febrero de 2024, Rosario Robles quedó en libertad, gracias a una sentencia de amparo, que le dictó a su favor un Tribunal Colegiado en materia penal, en ella se consideró que debió enfrentar un procedimiento de carácter administrativo, prácticamente la absolvieron de sus pecados.
Pero el Juez Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, no solo carga en el espinazo, haber dejado en libertad a la ex funcionaria federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; cuando fue Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Ciudad de México, fue denunciado por el propio jefe de gobierno, Martí Batres, por delitos contra la administración de justicia.
El juez presuntamente se hizo de la vista gorda, en la fuga de Fabián Oswaldo Solís Vega, cabecilla de una organización criminal llamada “La Ronda 88”, por lo que la Fiscalía de la Ciudad de México ofrecía 3 MDP de recompensa o al que dijera donde ubicarlo.
Resulta que “El Cachorro” así le apodan a este delincuente, se dio a la fuga del Reclusorio Sur, después de que este juez le decretó su libertad en una audiencia por delitos contra la salud.
El tipo salió disfrazado de abogado, con un Código Penal en sus manos y le permitieron cambiarse de ropa en el mismo juzgado, cuando la responsabilidad del juzgador era ponerlo a disposición de la autoridad de la Ciudad de México, ya que tenía orden de aprehensión por otros delitos.
