Diputado Isidro Vargas enfatiza reforma judicial como voluntad popular y llama a la colaboración de magistrados
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Diputado Isidro Vargas defendió la reforma al poder judicial impulsada por la coalición Morena-PT-Verde, describiéndola como una manifestación directa de la voluntad popular expresada en las urnas. Según Vargas, esta reforma no solo es un hito constitucional, sino también una implementación de los cambios estructurales propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldados por la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Vargas subrayó que la reforma es una respuesta al desgaste y la crisis de los partidos tradicionales como el PRI, PAN y PRD, que, según él, no han logrado atender las necesidades de la ciudadanía, lo que se refleja en su pérdida de poder en las elecciones.
“Estos partidos no han cumplido ni atendido las necesidades de la ciudadanía, lo que se refleja en su progresiva pérdida de poder en las elecciones”, señaló.
El diputado también enfatizó que el principal desafío para la coalición será cumplir con los objetivos del proyecto de la Cuarta Transformación (4T), tanto a nivel federal como estatal. En particular, en Tamaulipas, Vargas destacó la importancia de garantizar la seguridad y combatir la impunidad, elementos cruciales para evitar la descalificación del proyecto político de la 4T.
Aunque la reforma al poder judicial es un tema central en el Congreso de la Unión, Vargas también señaló que podría tener implicaciones en el ámbito local. En este sentido, hizo un llamado a los magistrados para que en lugar de oponerse, colaboren de manera constructiva.
«Es fundamental que los magistrados aporten su opinión jurídica y trabajen junto con los legisladores estatales y la Junta de Coordinación Política para construir una reforma constitucional estatal que logre acuerdos y consensos amplios», concluyó Vargas.
Con este llamado al diálogo y la cooperación, el Diputado Vargas invita a todos los actores clave a participar activamente en la construcción de un sistema judicial que responda mejor a las necesidades de la ciudadanía y que fortalezca la democracia en el país.