Por Redacción SC.
En un giro inesperado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sacado a la luz una serie de litigios fiscales que suman una cifra astronómica de 129 mil 185 millones de pesos, señalando directamente al Poder Judicial por los retrasos significativos en su resolución. La revelación, que tuvo lugar durante la conferencia matutina del 19 de julio, ha puesto de manifiesto la lentitud del sistema judicial y ha generado un debate nacional sobre la eficiencia y la justicia en el manejo de los créditos fiscales.
El listado presentado por el mandatario incluye una variedad de sectores económicos, desde la transportación aérea hasta las tiendas departamentales, pasando por industrias como la refresquera y la minera. Lo que es más alarmante es el promedio de 159 días de atraso en estos procesos, un número que no solo refleja la carga de trabajo del Poder Judicial sino también las posibles repercusiones en la economía nacional.
El sector de la transportación aérea encabeza la lista con créditos fiscales pendientes de 33 mil 495 millones de pesos y 195 días de retraso, seguido de cerca por la industria refresquera con 22 mil 701 millones de pesos y 210 días de espera. La situación es aún más crítica en el caso de la industria chatarrera, que acumula 709 días de retraso, un lapso que supera con creces el promedio nacional.
Estos litigios no son meras discrepancias fiscales; son acusaciones penales presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos fraudes fiscales, lo que significa que hay personas que podrían enfrentar consecuencias legales graves, incluyendo penas de cárcel. La gravedad de estas acusaciones y los retrasos asociados han puesto en duda la capacidad del sistema judicial para manejar casos de tal magnitud y complejidad.
La presentación de estos datos por parte del Presidente López Obrador no solo busca acelerar la resolución de estos casos, sino también llamar la atención sobre la necesidad de una reforma judicial que garantice la prontitud y la justicia en el proceso legal. Mientras tanto, el país observa y espera respuestas, no solo del Poder Judicial sino también de las industrias implicadas, cuyas actividades económicas son vitales para la economía mexicana.
