Por Redacción SC.
En un giro sorpresivo que ha sacudido el panorama judicial de Guatemala, la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra ha sido condenada a cinco años de prisión. El Tribunal de Sentencia de Quetzaltenango, presidido por el juez Moisés de León, dictaminó la sentencia este lunes, imponiendo además una multa de 6.000 euros y una inhabilitación de diez años para ejercer cargos públicos. La decisión se centra en un caso de revelación de información confidencial, un delito que la exfiscal reconoce no debió cometer.
La resolución permite a Laparra la opción de prisión domiciliaria bajo una fianza diaria de cinco quetzales, una suma simbólica que contrasta con la gravedad de la condena. Durante el juicio, se presentaron pruebas contundentes de su responsabilidad en la divulgación de datos sensibles, un acto que ella misma admitió fue un error consciente.
Tras el veredicto, Laparra expresó su gratitud hacia aquellos que la apoyaron durante el proceso judicial y reafirmó su convicción de actuar correctamente: «No me arrepiento de ninguna de mis acciones e impugnaré donde corresponde. Por los siglos de los siglos yo voy a seguir diciendo que me asiste la razón y que la justicia está de mi lado y esto no es justicia», declaró, en palabras recogidas por el diario ‘La Hora’.
La condena ha provocado una ola de reacciones, incluyendo la de Amnistía Internacional, cuya directora para las Américas, Ana Piquer, criticó duramente la sentencia. Según Piquer, la rapidez de la condena, a tan solo 18 meses de la primera, es una clara muestra de «ensañamiento» por parte del Organismo Judicial y del Ministerio Público hacia Laparra. «La condena de hoy lamentablemente es un ejemplo más de la persecución por motivos políticos en contra de quienes han luchado contra la corrupción», señaló.
Este caso ha reavivado el debate sobre la independencia del poder judicial en Guatemala y la lucha contra la corrupción, poniendo en tela de juicio la integridad de las instituciones encargadas de impartir justicia. Mientras algunos ven en la condena un acto de justicia, otros la consideran una persecución política que amenaza la libertad de expresión y el derecho a la verdad. La comunidad internacional sigue de cerca los desarrollos de este caso, que sin duda marcará un precedente en la historia judicial del país.
