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Imparcialidad en la mira: Expertas exigen a la UIF actuar sin selectividad

Por Redacción SC.

En un llamado a la ética y la justicia, Sarahí Salvatierra y Anaid García, investigadoras de la organización Fundar, exhortan a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a mantener la imparcialidad en sus investigaciones. Las especialistas en anticorrupción advierten sobre los riesgos de la selectividad y la divulgación indebida de información, como se evidenció en el reciente caso de Latinus. «La UIF debe ejercer su labor con objetividad, sin perjudicar derechos fundamentales como la presunción de inocencia», enfatizan.

Durante una entrevista, Salvatierra y García recalcaron la importancia de que las instituciones encargadas de la investigación, incluyendo la UIF, la Fiscalía y la Auditoría Superior de la Federación, operen en defensa del interés público y eviten cualquier sesgo político. «Es crucial que la integridad y la transparencia prevalezcan en el proceso de fiscalización», señaló Salvatierra.

Este pronunciamiento surge tras la controversia generada en la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se revelaron pagos realizados por Latinus a figuras públicas como Carlos Loret de Mola y Denise Dresser, bajo la premisa de una supuesta implicación en irregularidades financieras. A pesar de que Pablo Gómez, titular de la UIF, reconoció que dichos individuos no son objeto de investigación, la exposición de sus datos personales ha suscitado un debate sobre la privacidad y el debido proceso.

Anaid García subraya la necesidad de informar sobre actos de corrupción sin comprometer la confidencialidad. «La UIF debe limitarse a compartir información que contribuya a la rendición de cuentas, sin vulnerar la privacidad de terceros no relacionados con los hechos», argumenta García.

La discusión plantea un desafío para la UIF: equilibrar la transparencia en la lucha contra la corrupción con el respeto a los derechos individuales. La comunidad espera que la UIF tome medidas para reafirmar su compromiso con la justicia y la equidad, garantizando que su actuación no solo sea efectiva, sino también justa y respetuosa con las libertades civiles.

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