Por Redacción SC.
La futura elección de Ministros, Magistrados y Jueces en el año 2025 podría representar un desembolso de entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos, según estimaciones presentadas por el senador Ricardo Monreal de Morena. Esta cifra millonaria, que ha suscitado un amplio debate, podría ser sufragada a través de los fideicomisos del Poder Judicial. Durante el tercer foro sobre la reforma al Poder Judicial, llevado a cabo en el Congreso del Estado de México, Monreal compartió estos cálculos y propuso posibles fuentes de financiamiento para esta significativa inversión en el proceso democrático.
«Mucha gente se pregunta cuánto costará organizar la elección de los mil 600 Ministros, Jueces y Magistrados. En un cálculo aproximado que hemos hecho con actuarios y con personal del INE, pudieran erogarse entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos en la elección, por única ocasión,» declaró el senador, sugiriendo que «Se podría destinar incluso, por excepción a este propósito, parte de los 23 mil millones de pesos que tienen los fideicomisos del Poder Judicial y que van a ser entregados a la Tesorería.»
La propuesta de Monreal de utilizar los fideicomisos del Poder Judicial para financiar la elección contradice la decisión previa del presidente AMLO, quien había asignado estos recursos al Fondo de Pensiones del Bienestar. La tensión entre la necesidad de financiar una elección integral y la preservación de fondos destinados al bienestar social se ha convertido en un tema central de discusión.
En su intervención, el senador también abordó la logística de la elección, reafirmando la intención de realizar la votación de más de mil 600 jueces simultáneamente, a pesar de las solicitudes de algunos Ministros y Magistrados que abogan por una elección escalonada. Este punto, en particular, ha generado controversia, ya que implica un desafío organizativo y financiero considerable.
La reforma al Poder Judicial y la subsiguiente elección de sus miembros es un tema que continúa generando intensas deliberaciones, no solo en términos de costos, sino también en lo que respecta a la transparencia, la eficiencia y la justicia en el proceso de selección. Con el 2025 en el horizonte, las decisiones tomadas hoy tendrán un impacto duradero en el sistema judicial de México.