Por Redacción SC.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido un fallo histórico para reabrir el caso de detenciones ilegales y torturas relacionadas con la Guerra Sucia, específicamente involucrando a cuatro parientes del conocido líder guerrillero Lucio Cabañas, quienes fueron víctimas de agentes federales en los años 70.
Con una votación de cuatro a uno, la Primera Sala de la Corte ha otorgado protección legal a Juana, Rosa Elena e Irene Nava Cabañas, y a Flavia Cabañas Gómez, revocando la decisión previa de la Fiscalía General de la República (FGR) de no proceder con la acción penal en enero de 2022.
El tribunal ha reconocido que los actos de desaparición forzada y tortura, perpetrados por miembros de la ya disuelta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y el ejército, constituyen crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes son imprescriptibles y sujetos a sanciones, a pesar de que no estaban definidos como tales en la legislación penal mexicana de la época.
Este proceso judicial se inició en 2015, siguiendo las investigaciones que comenzaron en 2002 bajo una fiscalía especial creada por el entonces presidente Vicente Fox, que buscaba esclarecer los crímenes de la Guerra Sucia y que incluso llegó a acusar al ex presidente Luis Echeverría de genocidio. Sin embargo, a pesar de la turbulencia política, solo se logró una condena contra un ex agente de la DFS.
Dado que han pasado aproximadamente 50 años desde los hechos, es probable que muchos de los implicados hayan fallecido, y la DFS dejó de existir en 1985. No obstante, la Corte ha sostenido que las acciones denunciadas ya eran reconocidas como crímenes de lesa humanidad por el derecho internacional en el momento de su comisión, desestimando los argumentos de la FGR sobre la prescripción y la aplicación retroactiva de la ley.
