Por Redacción SC.
Figuras clave del Poder Judicial Federal (PJF) han propuesto un enfoque cauteloso y estructurado. Ministros, consejeros de la Judicatura y representantes de trabajadores del PJF han planteado que cualquier reforma que contemple la elección por voto popular de los juzgadores del país debe implementarse de manera gradual. Esta medida busca proteger la profesionalización y mantener la independencia judicial, elementos considerados cruciales para la certeza de las inversiones privadas.
Durante el inicio de los foros sobre la reforma judicial en la Cámara de Diputados, la Ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo un llamado a disipar cualquier percepción de decisiones predeterminadas en este asunto. Subrayó la importancia de la prudencia sobre la rapidez en las modificaciones estructurales, advirtiendo que un avance precipitado podría conducir a problemas significativos.
El Ministro Jorge Pardo ha sugerido una sustitución escalonada de más de mil 600 jueces para prevenir desequilibrios en el sistema judicial. Esta transición, según Pardo, debería atender a las vacantes que surjan naturalmente, asegurando así un cambio ordenado y bien planificado.
Por su parte, la Ministra Yasmín Esquivel ha propuesto que la elección por voto popular se extienda a todos los miembros de la Suprema Corte en una primera fase, seguida por una sustitución gradual de jueces y magistrados. Esta estrategia de dos etapas pretende facilitar una transición suave y controlada dentro del Poder Judicial.
El Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ha enfatizado la necesidad de proteger la profesionalización judicial en el caso de una elección popular de jueces y ministros. Ha instado a revisar y reforzar las garantías de estabilidad en la función judicial, incluyendo aspectos como la permanencia, ratificación, adscripción y disciplina de sus integrantes, para asegurar la integridad y eficacia del sistema judicial en el largo plazo.
Con estas propuestas, el PJF busca no solo adaptarse a posibles cambios legislativos sino también preservar los pilares de un sistema judicial independiente y profesional, garantizando así la justicia y la confianza pública en uno de los poderes más fundamentales del Estado.
