Por Redacción Sentido Común.
En un movimiento sin precedentes entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México está en la vía de adoptar un sistema de elección popular para sus jueces constitucionales. Esta iniciativa, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y presentada al Congreso el 5 de febrero, podría transformar el proceso de selección de los nueve Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como de más de mil 650 jueces y magistrados federales, quienes serían elegidos directamente por los ciudadanos en las urnas. De ser aprobada, esta medida otorgaría a la población mexicana un poder decisivo en la designación de aquellos encargados de interpretar la constitucionalidad de las leyes y actos de autoridad, aunque la última palabra seguiría perteneciendo a la Corte.
Esta propuesta marca un contraste significativo con las prácticas de los otros 37 miembros de la OCDE, donde los nombramientos judiciales no se someten a voto popular, sino que se llevan a cabo mediante una variedad de métodos que generalmente involucran la colaboración de los tres Poderes del Estado y, en ocasiones, la participación de comités independientes. En la mayoría de estos países, los jueces de las Cortes Supremas o Constitucionales son designados por el poder Ejecutivo y ratificados por el Congreso o una de sus cámaras, a menudo siguiendo recomendaciones del propio Poder Judicial. Para los jueces de rangos inferiores, predominan las designaciones internas realizadas por los Consejos de la Judicatura o equivalentes, con la notable excepción de Estados Unidos, donde todos los jueces federales son nombrados por el Presidente y confirmados por el Senado.
Japón se destaca como el único miembro de la OCDE que incorpora algún grado de participación popular en el proceso, aunque no en el nombramiento inicial, sino más bien en una etapa de ratificación posterior. Los jueces de la Corte Suprema japonesa deben someterse a la aprobación del público en las elecciones generales que siguen a su designación. Sin embargo, en las 25 instancias anteriores, ningún juez ha sido destituido por el voto popular, incluyendo once que fueron ratificados en el año 2021.
Si México procede con esta reforma, no solo establecería un hito dentro de la OCDE, sino que también abriría un nuevo capítulo en la democracia judicial, potencialmente aumentando la responsabilidad y la transparencia en el sistema de justicia, y fortaleciendo la voz del pueblo en una de las esferas más críticas de la gobernanza.
