Altamira, Tamps.- En un tenso Rambiente de conflicto interno, el dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) Raúl García Vallejo y la delegada especial de la CNC en Altamira, Griselda Dávila, han salido a la defensa ante una denuncia de despojo presentada por José Enríquez, quien fungiera como delegado del Comité Municipal Campesino.
Según los líderes, la demanda carece de fundamentos legales y obedece a intereses ajenos a los verdaderos objetivos del comité.
Raúl García Vallejo, acompañado de la delegada Griselda Dávila y otros miembros de la organización campesina, manifestó su sorpresa y rechazo ante las acusaciones.
“Nosotros fuimos demandados por despojo, pero no hubo tal cosa. Este terreno pertenece a todos los campesinos del municipio de Altamira, no a una persona moral ni a unos cuantos”, afirmó el líder.
Cabe precisar que la denuncia se presentó en medio de un procedimiento de cambio de delegados, un proceso rutinario y bien establecido dentro de la organización.
Los líderes recalcan que los terrenos y las instalaciones en disputa fueron asignados exclusivamente para el uso de los campesinos mediante un decreto aprobado por el Congreso.
Dicho decreto establece que la propiedad no puede ser vendida, transferida ni utilizada para otros fines que no sean los estipulados originalmente.
En relación con la propiedad de las instalaciones, García Vallejo enfatizó: “El decreto es claro: la propiedad es del Comité Municipal Campesino y no puede ser cedida a ninguna organización civil o mercantil”.
Asimismo, explicó García Vallejo que la demanda por despojo se originó cuando intentaron dialogar con quienes ocupaban el terreno y estos respondieron con hostilidad, reteniendo al grupo de delegados en condiciones precarias.
Ante la situación, los dirigentes campesinos han presentado una contra demanda, argumentando que fueron retenidos contra su voluntad en las instalaciones sin luz ni aire acondicionado.
“Nos tuvieron encerrados durante varias horas. Ya hemos interpuesto la demanda correspondiente”, afirmó García Vallejo.
El conflicto también abarca aspectos económicos, ya que los líderes actuales buscan recuperar las rentas de los terrenos que, según ellos, fueron indebidamente enajenadas durante los nueve años que José Enríquez estuvo en funciones.
“Se llevará a cabo todo un proceso conforme a nuestros estatutos para proceder legalmente y recuperar lo que corresponde a los campesinos,” mencionó el líder.
