Así buscaba Maki Ortiz encarcelar a AMLO, Sheinbaum y Ebrard en 2006
Por: Brenda Ramos
En 2006, la política mexicana se vio marcada por una estrategia de confrontación intensa, liderada por Maki Esther Ortiz Domínguez, entonces diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN). Maki Ortiz presentó un punto de acuerdo que buscaba investigar y judicializar las acciones de Andrés Manuel López Obrador y su equipo, habiendo sido señalados directamente José Ramiro López Obrador, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard por su participación en proyectos urbanos durante sus respectivos cargos en el gobierno del Distrito Federal.
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La propuesta de Ortiz a la Auditoría Superior de la Federación y a la Procuraduría General de la República estaba enfocada en el proceso de adjudicación del proyecto Macuspana XXI y en un presunto lavado de dinero asociado. Este proyecto, llevado a cabo en el municipio de Macuspana, Tabasco, mencionaba la entonces diputada, mostraba señales de irregularidades importantes, incluyendo la adjudicación directa de contratos a la empresa Riobóo, sin seguir procedimientos de licitación transparentes y normativos.
Además de apuntar a Sheinbaum y Ebrard, Ortiz también implicó a José Ramiro López Obrador, hermano de Andrés Manuel y entonces presidente municipal de Macuspana, acusándolo de estar directamente involucrado en las irregularidades administrativas y financieras. La conexión con la administración del Distrito Federal se centró en la participación de figuras como José María Riobóo, quien fue señalada por beneficiarse directamente de contratos adjudicados de manera cuestionable.
La red de acusaciones se extendió a Antonio Miguel Dovalí Solis, hijo de Antonio Dovalí Ramos, quien ocupara el cargo de Director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. La inclusión de estos nombres subrayó la profundidad y el alcance de las supuestas malas prácticas que Ortiz buscaba exponer y sancionar.
Judicialización del Caso
El punto de acuerdo no solo pedía una revisión y auditoría exhaustiva de los proyectos implicados, sino también impulsaba una investigación penal contra los involucrados en las presuntas irregularidades. Ortiz insistió en la necesidad de llevar el caso ante la justicia, potencialmente resultando en procesos legales contra los miembros del equipo de López Obrador, incluidos Sheinbaum, Ebrard y el hermano del entonces candidato presidencial.
Aunque algunos observadores consideraban que la medida era excesiva y que no era necesario llegar a tanto, Ortiz mantuvo una postura firme en su solicitud de judicialización, argumentando que era esencial para el mantenimiento de la integridad de la gestión pública.
Evolución de Maki Ortiz en la Política Mexicana
La carrera política de Maki Ortiz ha atravesado diversas fases desde aquellos días de 2006. Comenzó su carrera en el PAN en 1994, donde desempeñó diversos roles incluyendo consejera nacional y miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Fue regidora en Reynosa de 2001 a 2003, diputada federal hasta 2006, y luego Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud hasta 2011. Posteriormente, Ortiz sirvió como Senadora por Tamaulipas de 2012 a 2016 y como Alcaldesa de Reynosa de 2016 a 2021.
En un cambio notable de alianzas, en 2021 apoyó la candidatura de su hijo Carlos Peña Ortiz a la alcaldía de Reynosa por MORENA. En 2022, buscó la nominación de MORENA para la gubernatura de Tamaulipas y, tras no ser seleccionada, impugnó la candidatura de Américo Villarreal Anaya. Para 2024, Ortiz aspira a un escaño en el Senado por el Partido Verde yendo de candidata en segunda fórmula con Eugenio Hernández ex gobernador de Tamaulipas y ahora se presenta como seguidora de Claudia Sheinbaum, en un notable giro desde sus acciones en 2006.
En contraste con el punto de acuerdo tan extremo, de la entonces legisladora, la Auditoría Superior de Tamaulipas detectó observaciones por un monto de 55.2 millones de pesos, en el Ayuntamiento de Reynosa en el año 2020, siendo la obra del Museo del Ferrocarril la más señalada de su administración, debido a que fue heredada a la administración de su hijo Carlos Peña Ortiz y por haber sido eliminados de la plataforma de transparencia el fallo de acta de la primera etapa de la obra, el acta de apertura la junta de aclaraciones , así como el contrato de la misma.
A la fecha, no ha habido señalamientos o acciones por las observaciones de los 55.2 millones de la Auditoría Superior ni por las irregularidades de la construcción del Museo del Ferrocarril, en la administración de Ortiz Domínguez o en la de su hijo, Carlos Peña Ortiz.
