Fuentes fidedignas. Por: Isaias Alvarez
Febrero no ha sido el mes que el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca esperaba, pues luego de que cantara victoria porque su partido le otorgó una posición en las diputaciones federales plurinominales, le cambió la suerte primero al saberse que hay una nueva orden de aprehensión en su contra, después el que los medios de comunicación nacionales lo señalaran de nexos con un hombre asesinado este fin de semana en Nuevo León y cuando se pensaba que nada más le podría salir mal, se da a conocer la noticia sobre que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) presentó una denuncia en su contra así como a Gerardo Peña Flores, Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, y Guillermo Mendoza Cavazos, por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, peculado, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, entre otros posibles.
La denuncia se fundamenta en una serie de eventos relacionados con un convenio suscrito en 2016 entre el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado y la UAT, para proporcionar un subsidio a la universidad destinado a sus funciones académicas. Para el año fiscal 2022, se acordó un total de $4,122,429,006.00 MXN para la UAT, de los cuales el Gobierno del Estado aportaría $1,650,739,222.00 MXN.
El conflicto surge cuando el rector de la UAT, Guillermo Mendoza Cavazos, solicitó la donación de un inmueble por parte del entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca para la construcción de un nuevo campus en Reynosa, Tamaulipas. La solicitud se hizo bajo el contexto de una deuda estatal con la UAT de $191,773,749.00 MXN. El Secretario de Administración, Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, identificó un terreno adecuado, y tras un avalúo y procedimientos legales, se propuso la enajenación del inmueble a la universidad como dación en pago.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación identificó en su informe del 2022 que el Gobierno del Estado no cumplió con la totalidad de su aportación prometida a la UAT, faltando un monto de $500,915.2 miles de pesos. Además, se reveló que el inmueble valorado en $187,804,094.00 MXN para la dación en pago tenía en realidad un valor real de $13,081,000.00 MXN, evidenciando un sobreprecio significativo que intentaba cubrir el adeudo estatal con la UAT.
La denuncia argumenta que los implicados, incluyendo al exgobernador García Cabeza de Vaca, al exsecretario general de gobierno Gerardo Peña Flores, y al exsecretario de administración Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, desviaron recursos públicos y mintieron al Congreso del Estado para ocultar este desvío, coaligándose para tomar medidas contrarias a la ley.
Los delitos señalados en la denuncia incluyen el ejercicio ilícito del servicio público, con posibles sentencias de prisión de 3 a 7 años; coalición de servidores públicos, con sentencias de 2 a 8 años; peculado, con un rango de sentencia de 10 a 20 años; y uso ilícito de atribuciones y facultades, con penas de 4 a 14 años de prisión.
No cabe duda que los cabecistas están poniendo sus barbas a remojar pues ya se les acabó la suerte y poco a poco vemos como les van descubriendo mas y mas tranzas.
