Redacción Sentido Común
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, por decisión unánime, ha anulado una sentencia anterior que concedía amparo al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dejando sin efecto la cancelación de la orden de aprehensión emitida en su contra el 4 de octubre pasado por presuntos actos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta determinación se tomó tras concluir que el juez Octavo de Distrito en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, omitió notificar al agente del Ministerio Público Federal de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), quien lidera la carpeta de investigación y fue quien solicitó inicialmente la orden de arresto. Por consiguiente, se ordenó a Gutiérrez Pérez reiniciar el procedimiento, fijando una nueva fecha para una audiencia constitucional donde se escucharán los planteamientos del agente del Ministerio Público Federal antes de dictar una nueva sentencia.
El fiscal que recurrió la sentencia de amparo sostuvo que la defensa de Cabeza de Vaca incurrió en una conducta ilícita, conforme al artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, al declarar falsamente que no había un tercero interesado en el caso, a pesar de estar consciente de que el fiscal involucrado tenía un interés legítimo, ya que estaba encargado de la carpeta de investigación que originó la orden de aprehensión en disputa. Por ello, el fiscal pidió que se informara a la FGR para iniciar acciones penales. Sin embargo, el tribunal determinó que ni Cabeza de Vaca ni su defensa estaban informados de la carpeta de investigación ni de la orden de aprehensión hasta que el caso se hizo público en una conferencia de prensa presidencial.
No obstante, el tribunal aclaró que, si los fiscales creen que se ha cometido un delito, «no hay impedimento alguno para llevar a cabo las investigaciones correspondientes».
Por su parte, la defensa de Cabeza de Vaca argumentó que la presentación de la demanda de amparo contra la orden de aprehensión era un hecho conocido públicamente, ya que se había difundido extensamente en los medios de comunicación nacionales. En su opinión, esto demuestra la falta de interés y negligencia del Ministerio Público, que busca ser reconocido como un tercero interesado pero decidió no ejercer su derecho a apelar las decisiones del juez de distrito, alegar causas de improcedencia y presentar argumentos.
En febrero pasado, el juez Gutiérrez Pérez instruyó a Enrique Beltrán Santes, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, a anular la orden de captura. Además, le ordenó emitir una nueva resolución en la que se estableciera que «no hay pruebas que demuestren que se han cometido actos con apariencia de delitos de delincuencia organizada con el propósito de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos, ni la probabilidad de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, haya cometido o participado en su comisión».
Con información de MILENIO
