Sin Filtros; por Brenda Ramos
El más reciente capitulo en el caso de Eugenio Hernández ha levantado serias preocupaciones sobre el compromiso del sistema judicial en relación con la justicia. La decisión del Juez Primero de Distrito, Genaro Antonio Valerio Pinillos, de conceder la libertad durante el juicio de extradición del ex gobernador, plantea cuestionamientos legítimos sobre la responsabilidad de los jueces en garantizar que los acusados enfrenten debidamente los cargos en su contra.
El contexto del caso es inquietante. Estados Unidos busca enjuiciar a Eugenio Hernández Flores por cargos de lavado de dinero, fraude bancario y operación de un negocio de navíos sin licencia. Se alega que, en colaboración con su cuñado, estableció empresas ficticias para desviar fondos públicos del gobierno de Tamaulipas a través de contratos falsos. Más aún, se afirma que utilizó cuentas bancarias en Estados Unidos para blanquear el dinero malversado, poniendo en riesgo la integridad de los sistemas financieros de ambos países.
Lo más alarmante es que a pesar de la evidente gravedad de los delitos y el riesgo de evasión, el Juez Valerio Pinillos optó por conceder la libertad bajo el mero requisito de exhibir una fianza por cinco millones de pesos. Esto, a pesar de la historia de dilaciones y obstáculos legales que el acusado ha empleado para retrasar su extradición, ¡Una extradición que ya había sido aprobada en 2018 por un juez federal y por el gobierno mexicano!
La decisión del juez de otorgar la libertad al acusado, en estas circunstancias, puede interpretarse como una afrenta a la justicia y al compromiso de México con la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada, ya que el blanqueo de recursos lo es. Además, plantea dudas acerca de la coherencia y la transparencia del Poder Judicial al permitir que una figura acusada de delitos tan serios quede en libertad.
Esta situación subraya la importancia de que los jueces, en el ejercicio de su deber, mantengan un equilibrio entre los derechos de los acusados y las obligaciones hacia la justicia y la sociedad. La falta de una prisión preventiva dictada previamente no debería convertirse en una excusa para permitir la libertad de un individuo cuya extradición ha sido solicitada por un país aliado.
Con Eugenio en la comodidad de su casa, la credibilidad del sistema judicial y la confianza del público para impartir justicia están en juego. Los juzgadores tienen la responsabilidad de garantizar que los individuos acusados de crímenes graves enfrenten el escrutinio legal apropiado y no eludan la justicia. Permitir que casos como este se dilaten y se manipulen, en deterioro de la cooperación internacional y la integridad del sistema legal, socava los valores fundamentales de un Estado de derecho.
Las reacciones a su salida del penal del Altiplano hablan mucho de la historia que protagonizó en Tamaulipas: felicidad en Ciudad Victoria, indiferencia en el resto del Estado.
Es necesario aclarar por qué hubo alegría en la capital para no dar una impresión equivocada del personaje. Hernández Flores fue un pésimo gobernador, y se le puede situar entre los peores de la historia al lado, precisamente, de Francisco García Cabeza de Vaca.
Por testimonios de personas cercanas se supo que era un hombre inmaduro, superficial y, sobre todo, inseguro. Eugenio nunca se creyó eso de ser gobernador y constantemente preguntaba a sus colaboradores si había tomado una decisión correcta. Quizás se sentía un intruso, un usurpador, en el sentido de no tener perfil ni vocación de estadista. Esto lo llevó a recurrir a la compra de aduladores y a corromper a todo mundo en Ciudad Victoria, con la intención de contar con un refugio para protegerse de la crítica.
Este es el motivo de que solo en ese municipio, de los 43 del estado, lo quieran tanto.
Fue un mal gobernador por sus graves fallas: incrementó 34.4 por ciento el número de homicidios, incrementó 52 por ciento el número de secuestros, incrementó la deuda estatal a 9000 millones de pesos (tan solo en 2009 pidió un préstamo de 6000 mil millones de pesos, sin indicar las obras en que se invertirían). Hasta en las pruebas de educación básica Tamaulipas estaba en los últimos lugares en comprensión de lectura y matemáticas.
Construir, todos los gobernadores de México han construido algo, y los defensores de Eugenio gustan de citar esto como un logro, pero omiten el tráfico de influencias, los contratos a tíos y familiares y hasta el desvío de recursos, detalles que aparecen en el expediente C-14-178-S que le integraron en Estados Unidos.
Por su incapacidad política, se entregó a los grupos de poder del PRIAN para descarrilar a Andrés Manuel López Obrador en la elección 2006. Ese fue su último y peor error.
Hay un audio en el que conversan la líder magisterial Elba Esther Gordillo y Eugenio Hernández el día de aquella elección; no queda la menor duda de la conspiración contra el tabasqueño. Todavía en marzo de este año, en una mañanera, el presidente López Obrador volvió a reproducir ese archivo para probar que hay grupos enemigos de la transformación, y en ese grupo está Hernández Flores.
Su salida es una mala noticia para el proyecto de la Cuarta Transformación y para todo Tamaulipas. Por eso el doctor Américo Villarreal ha evitado cualquier comentario sobre la excarcelación.
Ya lo dijo una vez el Presidente; es tiempo de definiciones: o se está con el movimiento o se está con Eugenio Hernández.
