Fuentes fidedignas. Por: Isaias Alvarez
Es inadmisible sacrificar a los ciudadanos de Reynosa por la terquedad de un alcalde que no cumple con el cargo ni enfrenta la justicia por las acusaciones en su contra. Igualmente, ¿hasta dónde puede llegar la solidaridad de Morena con una persona que nunca ha tenido reconocimiento público por ayudar a los demás, y ahora se ve involucrado en delitos graves que pueden ser constitutivos hasta de lavado de dinero? Carlos Peña Ortiz es la historia de un error imperdonable: la de ofrecer candidaturas por simple pragmatismo político.
El único camino que le queda al alcalde de Reynosa es solicitar licencia y presentarse ante el juez. Su situación legal es definitiva, señoras y señores: no alcanza el amparo que otorga la justicia federal, repetimos, federal, ya que la carpeta en su contra está bien fundamentada. En esta última etapa no hubo funcionario cabecista que lo saboteara; el Poder Judicial de la Federación, al menos por temporalidad, cogobierna con Morena.
Solo como referencia, porque se ha repetido demasiado, pesa sobre Carlos Peña una orden de aprehensión, basada en el expediente judicial CP/0017/2021, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Todo se desprende de la compra de un rancho de 1,500 hectáreas, a un precio de 4.5 millones de pesos, cuando Peña Ortiz tenía apenas 20 años y nunca había trabajado.
Carlos Peña Ortiz llegó a la alcaldía en 2021 ya con este problema pisándole los talones. El 5 de febrero de ese año, cuando no empezaba ni la campaña, el abogado Marcelo Olán presentó la denuncia en su contra. Para el 18 de mayo, la Fiscalía Anticorrupción ya había solicitado la orden de aprehensión. Esta parte, de alguna manera, se jugó en el terreno panista.
A partir de ese instante, el hijo de Maki Ortiz pasó al terreno federal, en teoría más imparcial o no panista, con el fin de protegerse de la orden de captura. Fueron 21 intentos, mediante solicitudes de amparo, los que gastó para no perderlo todo: el cargo de alcalde, la ‘buena’ reputación y, sobre todo la libertad. Pero fracasó 21 veces.
Yendo hasta la última instancia, solicitó un juicio de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Distrito, pero fue inútil. Los tres magistrados resolvieron que “la justicia de la nación no ampara ni protege” a Carlos Peña Ortiz.
En honor a la verdad, si convocaran a una marcha ciudadana para impedir su detención, solo llegarían dos personas: Maki Ortiz y Carlos Luis Peña, su mamá y su papá. Posiblemente y obligados, los trabajadores del ayuntamiento que, por temor a perder su empleo tienen que defender a su jefe.
En cambio, los habitantes de Reynosa no meterían las manos al fuego por él y probablemente por ninguno de sus progenitores, si bien Maki Ortiz ejerce un liderazgo real. Pero el suyo es un liderazgo político, o más bien electoral, sin conexión emocional o popular, como López Obrador o Américo Villarreal Anaya. Maki es hábil en movilizar gente, miles de personas, y en comprar lealtades para ganar elecciones; se vale, aunque no debe engañarse. Si alguien los quiere es por lo poco que les da, no por su carisma.
Si esa relación con las personas es fría e indiferente se debe, en gran medida, al descarado nepotismo que practican, herencia panista seguramente porque Cabeza de Vaca también lo ejercía. En 2018, reelecta en la alcaldía de Reynosa, Maki nombró a su esposo Carlos Luis como presidente del DIF municipal. Después, en 2020, hizo modificaciones al gabinete, pero solo para confirmar que privilegiaba a su familia: cambió al esposo por el hijo en la presidencia del DIF. De hecho, así comienza la “carrera política” de Carlos, con ese nombramiento. Maki tuvo el descaro de elogiar la salida de su esposo con estas palabras: “Yo le reconozco su trabajo y tengo un gran respeto por él”.
Para seguir la tradición, ya como alcalde, Carlos Peña también nombró a su papá, Carlos Luis Peña Garza, como presidente del DIF de Reynosa para el periodo 2021-2024.
Por eso, ahora que está en problemas, casi no hay un alma en todo Reynosa que se preocupe por Peña Ortiz o lo defienda del proceso judicial. Si tanto confía en su mamá y su papá para todo, desde comprar un rancho de 4.5 millones, a los 20 años de edad, hasta cargos políticos, que busque protección en ellos sin molestar más a los reynosenses.
Urge que solicite licencia, como ocurrió el 24 de mayo de 2022, cuando el Cabildo de Reynosa nombró a José Alfonso Peña Rodríguez como alcalde sustituto; por aquellos días, Carlos se refugió en Estados Unidos para no ser detenido. Finalmente, uno de sus 21 solicitudes de amparo le permitió volver el 27 de junio del mismo año.
El juego de las solicitudes se acabó y ahora está en firme la orden de aprehensión. “Esta persecución tiene motivaciones meramente políticas”, escribió el alcalde en sus redes sociales. “La situación se deriva de la donación de recursos que mis padres me hicieron cuando alcancé la mayoría de edad… no existe ningún delito en estos actos”. Esa no parece ser la opinión de los magistrados federales que le negaron la revisión para obtener el amparo definitivo.
Por eso es inaceptable que los asuntos particulares del alcalde afecten a todo Reynosa, la ciudad más grande del estado, que arrastra problemas económicos, de inseguridad, de escuelas, de transporte público, de calles en mal estado, de limpieza y de espacios públicos.
Será más vergonzoso que lo detengan aún en posesión del cargo. Reynosa no merece ese deshonor. Por una vez en su vida, el Cabildo debe pensar en la ciudad y elegir al alcalde sustituto, incluso con el respaldo de Morena.
