Sin Filtros; por Brenda Ramos
Por el rechazo del alcalde Armando Martínez a respetar una orden judicial, un empresario de Altamira ha solicitado la intervención del gobernador Américo Villarreal Anaya y todas las medidas de protección para no ser acosado ni despojado de su patrimonio.
A partir de este caso, cualquier ciudadano que enfrente a la familia Martínez Manríquez en un proceso judicial deberá soportar también la presión del gobierno municipal, subordinado ilegalmente a los intereses del alcalde.
Lo peor es que Armando Martínez utiliza su militancia en Morena, presumiéndose como protegido por sus compañeros de partido, afectando con esto el buen gobierno del doctor Villarreal, quien no solo es completamente ajeno al conflicto, sino que es un gobernante humanista y justo, lástima que no podemos decir lo mismo de Martínez Manríquez.
El empresario Jesús Álvarez González (El denunciante) nunca imaginó que adquirir un predio en Altamira se convertía en una pesadilla.
El 29 de marzo del 2000, la empresa Armatrans S.A.de C.V. negoció la compra de un terreno de cinco hectáreas en el ejido Medrano, de Altamira. Los propietarios entonces eran Armando Martínez Saucedo y Elena Manríquez Álvarez, padres del alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez.
El matrimonio de don Armando y doña Elena aceptó las condiciones negociadas y un pago en efectivo que no fue revelado.
Como el terreno, por su condición ejidal, carecía en ese momento de dominio pleno, se celebró un acuerdo de compra-venta ante Notario Público, con el compromiso de escriturarlo a nombre del comprador cuando se hiciera el registro a propiedad privada.
En el acuerdo, Armando Martínez Saucedo y Elena Manríquez Álvarez aceptaron que el comprador tomara posesión del predio a partir del acto mientras tramitaban la escrituración definitiva. Siempre fue su voluntad traspasar el inmueble.
Desde ese día, el terreno se utilizó como área de resguardo de maquinaria pesada y equipo de trabajo. Ninguna de las partes se mostró inconforme al paso de los años.
Cuando el predio adquirió el pleno dominio, se solicitó al matrimonio la escritura convenida para cerrar el acuerdo. Pero Armando Martínez Saucedo y Elena Manríquez Álvarez cambiaron de opinión: se negaron a escriturar el terreno y tampoco devolvieron el dinero cobrado.
Lo que sí le enviaron al comprador (Jesús Álvarez González, presidente de Armatrans S.A. de C.V), fue una denuncia por despojo (888/2016), pero la justicia no les dio la razón.
A fin de defenderse de los Martínez-Manríquez, Armatrans S.A. de C.V inició un juicio sumario civil 453/2018, en el que obtuvo sentencia a su favor.
Posteriormente, la Primera Sala Colegiada en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas condenó a Armando Martínez Saucedo y Elena Manríquez Álvarez a otorgar la firma de escritura pública de Armatrans S. A. de C.V.
A pesar de las resoluciones judiciales, todas en su contra, los Martínez Manríquez continúan sin honrar el acuerdo de compra-venta que firmaron en el 2000.
Ahora, para cansar al empresario, han utilizado medidas dilatorias para que no se cumpla la escrituración. En estas maniobras, de acuerdo con la denunciante, intervienen José Francisco Pérez, secretario del Ayuntamiento, y Dulce Vega Camacho, asesora jurídica del municipio.
“Armando Martínez Manríquez y se hermana Ana Elena Martínez Manríquez están haciendo uso del poder público y político que ostentan, intimidando de manera coercitiva al notario público que realiza la escritura”, sostuvo Claudia Alejandra Muñoz Ávila, apoderada legal de Armatrans.
“El notario no responde mis llamadas y a través de su personal me dice que él no quiere problemas con el gobierno del estado de Tamaulipas ni con el gobierno municipal de Altamira, y se niega a continuar con mi trámite”.
Detrás del abuso de poder puede estar la adquisición de un terreno colindante al de Armatrans S. A. de C. V., que recientemente hizo el mismo alcalde Armando Martínez Manríquez, sin acatar la sujeción a litigio que tenía el predio, ya que ambos lotes eran parte de una sola superficie anteriormente.
“Armando Martínez Manríquez es una persona estafadora y tramposa, que pretende apoderarse de un inmueble que no le pertenece”, dijo Muñoz Ávila. “Mentirosa porque niega la venta del predio aun cuando se celebró ante notario”.
Por el riesgo a la inversión privada y la seguridad jurídica de las empresas.
Por la violación al estado de Derecho que supone el uso de las instituciones públicas para fines personales.
Por utilizar la militancia que lo une con el gobernador para intimidar a los ciudadanos que discrepen con el alcalde, aunque este último ni siquiera esté enterado del asunto, pues se encuentra enfocado en mantener un buen gobierno en Tamaulipas.
Porque la finalidad de la Presidencia Municipal no es despojar sino ayudar a los ciudadanos, la empresa Armatrans S. A. de C.V. ha solicitado la intervención del gobernador Américo Villarreal Anaya en este caso.
A nombre de Jesús Álvarez González, la representante legal también ha extendido el llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador; a Úrsula Salazar Mojica, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, y a David Cerda Zúñiga, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.
Se trata igualmente de un ataque a los derechos humanos fundamentales, como el derecho de propiedad y el derecho a la justicia, que dejarían a Altamira como una ciudad sin ley y sin instituciones confiables.
