A cuatro meses de la tragedia en la que murieron quemadas 40 personas en una Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, los sobrevivientes enfrentan la presión de las autoridades para que las organizaciones sociales dejen de representarlos. Buscan imponerles defensores del CEAV.
Por Gloria Leticia Díaz/PROCESO
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Defensoras de los derechos humanos denunciaron obstáculos contra el derecho de las víctimas a elegir a sus representantes legales y contra el derecho de las organizaciones civiles a ejercer su labor en la asesoría de una decena de personas migrantes, sobrevivientes del incendio ocurrido en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, el 27 de marzo último, siniestro que mató a 40 personas.
Entrevistadas por Proceso, las directoras del Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI), Gretchen Kunher, y de Incidencia de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Marisol Méndez, alertan que, a cuatro meses de la tragedia, entre los migrantes sobrevivientes que representan prevalece la incertidumbre sobre su futuro y el de sus familias, temor a sufrir represalias y de que quede impune la muerte de 40 migrantes quemados en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, así como de las lesiones graves que padecen los sobrevivientes.NOTICIAS RELACIONADAS
Las organizaciones, junto con Asylum Acces México y Derechos Humanos Integrantes en Acción (DHIA), obtuvieron la representación, primero, de dos migrantes víctimas que lograron la calidad de refugiados en Estados Unidos, y de otros ocho de nueve que fueron trasladados en abril a la Ciudad de México para su atención médica.
Las entrevistadas coinciden en que, pese a que desde el primer momento interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), y una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ninguna de las instituciones han dado respuesta a esos procedimientos, toda vez que la carpeta de investigación y la recomendación existente fueron integradas de oficio.
Marisol Méndez explica que las organizaciones tuvieron que litigar durante tres meses para que la FGR les reconociera su calidad de defensores, por lo que apenas recibieron copias del expediente, en tanto que la CNDH no entrevistó a sus representados en la recomendación 111VG/2023.
“En este caso en particular hemos tenido muchos obstáculos para ejercer nuestro derecho a la defensa, al grado de que estamos a punto de interponer una queja ante el órgano de control en el caso de la FGR, por las trabas que nos han puesto y porque han intimidado a las víctimas para que se deslinden de nosotras”, denuncia Méndez
Explica que en dos ocasiones agentes del Ministerio Público obligaron a las víctimas a ingresar a un “cuartito” para hablar con ellas sin presencia de sus abogados, para presionar a los migrantes a desistirse de la defensa de las organizaciones sociales y nombrar como asesores jurídicos a abogados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
“Las víctimas rechazaron el ofrecimiento y dijeron que quieren seguir contando con nuestra asesoría. Para nosotros el fondo es que no quieren que las organizaciones tengamos acceso al expediente por proteger a los servidores públicos”, considera Méndez.
La defensora sostuvo que “prevalece un patrón de obstaculización de la labor de defensa contra el derecho de toda persona, y más aún las víctimas de elegir quién los va a representar”.
En el caso de la CEAV los funcionarios asignados a tratar con los migrantes han advertido veladamente a los sobrevivientes que, si las organizaciones seguían a cargo de su representación, “para la CEAV iba a ser difícil continuar apoyándolos en trámites, cuando las víctimas tienen el derecho de elegir su defensa, sin ser ésta una condición para la tramitación de los apoyos”.
Ante comentarios como estos, “las víctimas tienen miedo de que les quiten los apoyos que han tenido, sobre todo los de alimentación y hospedaje para ellos y sus familiares; temen que los expulsen sin haber terminado los tratamientos, gastos que están siendo asumidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) contra lo que quieren los migrantes”.
Insiste en que lo que no les gusta a las autoridades es “el proceso de empoderamiento de las víctimas, que sepan cuáles son sus derechos y exijan su cumplimiento porque legalmente no hay nada que nos impida representarlas”.
Reparación insuficiente
La abogada de la FJEDD alerta que por los interrogatorios a las víctimas de parte de los agentes ministeriales, en el sentido de identificar a los migrantes responsables de incendiar las colchonetas, “todo apunta que lo que se pretende es cerrar el caso responsabilizando de los hechos a los migrantes”, dos de ellos en prisión preventiva, luego de ser atendidos por sus quemaduras.
“Nos parece muy grave que el caso se minimice de esa manera, como ocurrió con el incendio en la Estación Migratoria en Tenosique, en marzo de 2020, donde murió un migrante guatemalteco; no se está yendo al fondo del problema, no se está analizando la cadena de mando ni mucho menos la política migratoria”, sostuvo Marisol Méndez.
Gretchen Kuhner dice que el temor se extiende a los familiares de migrantes que llegaron a la Ciudad de México gracias a visas humanitarias.
“Para las familias ha sido muy difícil porque ellas esperaban que sólo vendrían a la Ciudad de México a recoger a su familiar y se regresaban a su lugar de origen, donde dejaron trabajos e hijos.
“Han tenido que esperar meses y eso les genera mucha angustia, por todo lo que están perdiendo, y esa parte no está siendo apoyada por el gobierno”, lamenta.
Hasta ahora la atención corre a cargo del INM, “lo que resulta revictimizante”, pero que al final fue aceptado por los migrantes sobrevivientes porque la CEAV declaró que “no tenía recursos para atender la emergencia”.
La defensora alerta que, en materia de reparación del daño, si bien la CEAV y el mismo Garduño han informado que hay una bolsa de 85 millones de pesos para los afectados, “al dividir la cantidad entre las 67 víctimas directas toca a poco más de un millón de pesos para cada una, cuando los efectos sin distintos para cada víctima, pues no se toma en cuenta que, en el caso de algunos sobrevivientes, no podrán volver a trabajar”.
Mediana resolución
Sobre la recomendación por 111VG/2023, dirigida a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; a la encargada de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carmen Moreno Toscano, y al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, emitida el pasado 30 de junio, las defensoras coinciden en considerar la resolución de la CNDH como “corta” y “parcial” por no atender el fondo del problema: el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez fue producto de una protesta por el inhumano trato que se les da, resultado de la política migratoria punitiva y militarizada emprendida por la actual administración federal.
Kuhner explica que la recomendación del organismo “no consideró las redadas ni detenciones arbitrarias de migrantes que hubo en Ciudad Juárez, realizadas por la policía municipal y agentes de Migración, ni el trato que se les dio a las personas a las que se les esposó para llevarlas a la estación, ni mucho menos que los migrantes ingresados a la estancia fueron muchos más que “las 67 personas, que fueron las víctimas directas”.
Varios de los detenidos el día del siniestro “fueron liberados porque pagaron extorsión, porque fueron llevados al DIF porque tenían niños pequeños o porque hubo mujeres a las que se les dejó salir cuando empezó el incendio”.
Sin embargo, las defensoras reconocen que en el documento recomendatorio quedó establecida la responsabilidad del personal del INM y de los guardias de seguridad al no abrir la puerta a tiempo, así como la del comisionado Francisco Garduño.
Identificado en la recomendación como AR1, Garduño es señalado por “omitir supervisar que en la Estancia Provisional se realizara el registro inmediato en el libro de gobierno o en el sistema electrónico de ingreso y permanencia de las personas migrantes, de las personas que tienen restringido el derecho a la libertad personal por encontrarse en estado de ‘presentación, o alojadas’ en la estancia o estancias migratoria”, lo que derivó que en un primer momento se diera información errónea de los nombres y nacionalidad de las víctimas.
Asimismo a Garduño se le identifica como responsable de no verificar que “en la Estancia Provisional se garantizara que las personas en contexto de migración tuvieran acceso a adecuadas condiciones de alojamiento”.
El 10 de julio último los ocho migrantes que tienen como representantes a las organizaciones sociales accedieron a reunirse con miembros del Grupo Plural del Senado, que forman parte de la comisión legislativa que investiga la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez.
En una reunión privada los sobrevivientes expusieron sus preocupaciones, entre ellas no ser informados de manera periódica “sobre las acciones que están realizando las autoridades para garantizar verdad, justicia y reparación del daño”.
Tampoco tienen certeza sobre la atención a sus necesidades económicas en México y la de sus familiares en sus lugares de origen mediante la inscripción de ellos y sus familiares en el Registro Nacional de Víctimas de la CEAV.
También solicitan el retorno de sus pertenencias retenidas por la FGR; y piden reunificación familiar en México, atención médica para sus familiares que acudieron a la Ciudad de México a cuidarlos y que no haya represalias contra ellos.
En un comunicado, los migrantes denunciaron que, después de haber sido víctimas de la política migratoria, las autoridades mexicanas los tratan con “desprecio”; no se les da información clara sobre el tiempo que estarán bajo tratamiento médico y se les presiona para que regresen a sus países de origen.
“Ninguna persona merece morir o ser quemada como respuesta a buscar mejores condiciones de vida”, expusieron los migrantes sobrevivientes.
