Cd. Victoria, Tam.-
A pesar que es de conocimiento público que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cuenta con un séquito para su seguridad y la de su familia, la actual Secretaría de Seguridad Pública reservó por cinco años toda información respecto a dicho tema.
En ese sentido, la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública fundamentó legalmente que revelar dicha información pone en riesgo la vida, seguridad o salud del exmandatario de Tamaulipas.
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia un usuario requirió el número total y listado de los elementos asignados como escoltas, auxiliares o guardias de seguridad para Cabeza de Vaca, así como para el exsecretario general de Gobierno Cesar Verástegui.
De acuerdo al Decreto número LXIV-800 que se publicó en septiembre de 2021, señala que “titulares del Ejecutivo Estatal Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia, el Estado garantizará las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes, durante el tiempo que dure su cargo, así como por un período igual al tiempo que ocupó el mismo”.
Dicho decreto también señala que la protección a los antes mencionados puede ser prorrogable, en tanto las condiciones de riesgo lo ameritan. Quiere decir que tendrían seguridad personal durante los próximos seis años con oportunidad de extenderlo por más tiempo.
En la solicitud ciudadana también se requirió los datos sobre el total de percepciones, sueldos, salarios, compensaciones, bonos para los elementos asignados a la seguridad de los exfuncionarios y número de unidades blindadas.
La Secretaría de Seguridad Pública indicó que al realizar un análisis y valoración de acuerdo a los principios de la lógica y la experiencia basada en artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, “se desprende que la información regente a los elementos de seguridad asignados a los exfuncionarios, es susceptible de ser clasificada como reservada”.
La información se reservó a partir del cuatro de noviembre de 2022 y permanecerá en este estado hasta el cuatro de noviembre de 2027, hasta entonces las y los ciudadanos podrán saber el costo con cargo al erario de mantener blindados a los exfuncionarios.
