El argumento principal es el de dotar a la Administración Pública Federal de instrumentos jurídicos para salvaguardar el interés general
La reforma promovida por el Ejecutivo federal a través de la cual podría revocar concesiones y permisos viola la Constitución y los acuerdos y tratados comerciales, advirtió la iniciativa privada.
De aprobarse el proyecto pretende reformar 23 leyes secundarias, pondría a las empresas proveedoras del Gobierno en una situación de desventaja, debido a la «cláusula exorbitante» que da prioridad al Estado. Ésta se refiere a la obligación de incluir, en todos los contratos que se celebren bajo dichas leyes, una cláusula de terminación anticipada por causa de «interés público».
Esto provocará que los costos de los proyectos se incrementen debido al alto riesgo que significará prestar servicios a entidades gubernamentales, subrayó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
«De ser aprobadas estas reformas, advertimos que violan la Constitución y los tratados comerciales internacionales firmados por México. Serían reformas que terminarían litigadas. Las modificaciones legales que impulsa el Ejecutivo pueden generar un efecto contrario al que persiguen, pues las empresas evitarían firmar contratos con el Gobierno por el riesgo que implica», manifestó el sector patronal.
Añadió que las modificaciones propuestas son una mala señal para los mercados porque hacen ver que en México no se respeta el Estado de Derecho ni los tratados comerciales internacionales, entre ellos el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que previó que podría abrirse un nuevo frente de conflicto con estos países.
La iniciativa, cuyo argumento principal es el de dotar a la Administración Pública Federal de instrumentos jurídicos para salvaguardar el interés general, público y social, busca modificar la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, la Ley de Obras Públicas y la Ley General de Bienes Nacionales, además de impactar en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
De acuerdo con los planteamientos, se pretende facultar al Presidente de la República para que agrupe por sectores a las entidades paraestatales y les pueda asignar directamente la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público por razones de interés general, social o de seguridad nacional.
Para esto se crearían las figuras de «integración» y «reintegración», con el fin de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pueda proponer al titular del Poder Ejecutivo federal la transferencia de personal y de los recursos financieros y materiales de las entidades paraestatales a las dependencias de la Administración Pública Federal.
«Podría representar una profunda discrecionalidad en la administración. Por lo que hace a la figura de la revocación, se establecen causales para poder llevar a cabo la revocación de concesiones, permisos o autorizaciones otorgadas para la prestación de un servicio o explotación, uso o aprovechamiento de un bien de dominio de la Federación, lo que deja en un estado ventajoso al Poder Ejecutivo, debido a que en cualquier momento podrían modificarse las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas», alertó Coparmex.
Por ello, el sector patronal hizo un llamado a los legisladores de todas las representaciones políticas para que no aprueben las modificaciones propuestas pues, de hacerlo, será un golpe devastador a los esfuerzos por posicionar a México como un sitio seguro para las empresas nacionales y el capital extranjero.
Afectaría Gobierno llegada de empresas a México
La modificación a 23 leyes federales atentaría contra el Estado de Derecho y afectaría la disposición de las empresas a llegar a México ahora que está en curso el nearshoring, destacó asimismo la International Chamber of Commerce México (ICC México).
«Se crearía mayor incertidumbre jurídica para los inversionistas y se convertiría en un dique para la llegada de inversión extranjera directa para el País, precisamente ahora que está en curso el nearshoring hacia México, afectando a la economía nacional», indicó en un posicionamiento emitido esta semana.
La ICC coincidió en que se trata de disposiciones que son violatorias de la Constitución y de diversos tratados internacionales vigentes en el País, y generarían un escenario de incertidumbre jurídica.
«La reforma legislativa supondría diversas violaciones a la Constitución y a tratados internacionales en materia de protección de inversiones celebrados por México, por ejemplo, el derecho a la seguridad jurídica, la garantía de no retroactividad, el derecho de un recurso efectivo, el derecho a la propiedad, el derecho a la libre competencia y concurrencia, la interdicción de la arbitrariedad, el derecho a la consulta de los pueblos originarios y el principio de legalidad, entre otros varios», señaló.
«La Iniciativa de Reforma propone modificar la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la Ley de Expropiación, para limitar los montos de las indemnizaciones a cargo del Estado, lo que contraviene las obligaciones internacionales del Estado mexicano, asumidas bajo los distintos tratados en vigor, sobre todo en materia de protección de inversiones», detalló.
La ICC refirió que también se propone modificar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como otros nueve ordenamientos jurídicos que regulan al Poder Judicial y a los órganos constitucionales autónomos, como el Banco de México (Banxico), la Cofece, entre otros, para limitar el monto de remuneraciones que pueden recibir los servidores públicos, así como limitar la posibilidad de que al cesar sus encargos, puedan trabajar o prestar servicios a los particulares que antes supervisaban o regulaban, o con los que celebraban actos administrativos.
«El principio de Confianza Administrativa en el sector público se invoca también porque, a decir del Ejecutivo federal, el Estado no puede estar sometido a los mismos trámites que las actividades privadas, dado que persiguen fines distintos, lo cual implicaría que en los proyectos de infraestructura prioritarios, los trámites como dictámenes, permisos, licencias, derechos de vía y expropiación de inmuebles podrán gestionarse de manera simultánea al inicio de la obra en casos de notoria y urgente necesidad, como no se pudo hacer en el Tren Maya, por ejemplo», anotó .
