Se concedió una suspensión provisional al ex funcionario, aunque esa medida precautoria no impide que pueda ser detenido
Ciudad Juárez.- El contralmirante Salvador González Guerrero, hasta ayer delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, presentó un amparo contra la orden de aprehensión librada en su contra por el caso del incendio en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes y 25 resultaron heridos.
Claudia López López, juez Séptimo de Distrito en Chihuahua, concedió una suspensión provisional al ex funcionario, aunque esa medida precautoria no impide que pueda ser detenido, según registros judiciales.
Lo anterior, porque las órdenes de captura no pueden ser frenadas cuando son por delitos con prisión preventiva de oficio y González es fugitivo por homicidio y lesiones, el primero de ellos un delito con esas características.
La juzgadora precisa que en caso de ser detenido, el contralmirante quedará bajo su disposición y del juez de control responsable del proceso.
«Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa… la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación», aclara.
El ex delegado presentó este amparo desde el miércoles, luego que la Fiscalía General de la República anunciará que había ejercido la acción penal contra seis funcionarios del INM y aunque no lo mencionó por su nombre, la dependencia sí refirió en el comunicado que uno de los imputados era Salvador «N».
De los seis imputados contra los que se judicializó la carpeta de investigación, la FGR pidió la orden de aprehensión contra cuatro y de ellos, han sido detenidos tres, excepto González Guerrero, quien desde ayer ya no se presentó a laborar a su oficina.
Ayer en Chihuahua fueron capturados en distintos operativos Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de Recursos Materiales, así como a Juan Carlos Meza Cumplido, coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes, y Cecilia Rivera Tena, agente de Migración «B».
González Guerrero fue denunciado la semana pasada por la defensa de las víctimas ante la FGR, porque supuestamente ordenó dejar encerradas bajo llave a las víctimas en pleno incendio de la celda en la que estaban recluidas.
«Fui informado por clientes, de los cuales me reservo su identidad por seguridad de los mismos, que el titular Salvador González Guerrero fue quien dio la orden por llamada telefónica para que a las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no se les abrieran las puertas por ningún motivo», dice la denuncia del defensor Francisco Hernández Campbell.
Los únicos funcionarios del INM contra los que la FGR procedió penalmente sin pedir la orden de aprehensión, sino citatorio para audiencia de imputación, son Francisco Garduño Yáñez, director del instituto, quien está citado para el 21 de abril, y Antonio Molina Díaz, jefe de Control y Verificación Migratoria del INM, cuya comparecencia está programada un día antes.
