Cd. Victoria, Tam.-
El gobierno del panista Francisco García Cabeza de Vaca dejó inconsistencias financieras por un monto de 30 mil 300 millones de pesos, cuyo destino es investigado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría Gubernamental de Tamaulipas.
Al comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado para la Glosa del Primer Informe del gobernador Américo Villarreal Anaya, la contralora Norma Angélica Pedraza Melo precisó que la ASF realizó observaciones por 17 mil 909 millones de pesos de las cuentas públicas del 2020 y 2021.
Esa cantidad se suma a 408 millones de pesos cuyo ejercicio dudoso indaga la Secretaría de la Función Pública.
De esa manera, los recursos federales que andan “perdidos” suman 18 mil 317 millones de pesos, que pertenecen principalmente al ramo 28.
Sin embargo, la Contraloría investiga también un daño al patrimonio estatal por un monto de aproximadamente 12 mil millones de pesos.
Por estos hechos existen integrados 560 expedientes administrativos, de los que 167 fueron documentados solamente durante el proceso de entrega-recepción. Tan solo de estos últimos se estima un daño patrimonial al estado por cuatro mil 500 millones de pesos.
Las secretarías con más observaciones por parte de las instancias federales de fiscalización son: Finanzas, Bienestar Social, Obras Públicas, Educación y Salud.
Por lo que hace a los recursos estatales que son rastreados por la Contraloría, el 93 por ciento pertenecen a la Secretaría de Salud.
El ochenta por ciento de las observaciones se relaciona con la falta de documentación comprobatoria y justificación del gasto, además de pagos indebidos e injustificados.
Por estos conceptos el monto de irregularidades es del orden de los diez mil millones de pesos, de los cuales tres mil 700 millones pertenecen a la Secretaría de Salud; dos mil 400 millones a la Secretaría de Obras Públicas y dos mil millones de pesos a la Secretaría de Administración.
FORMALIZAN 45 DENUNCIAS PENALES.
Por otra parte, Pedraza Melo confirmó que suman 45 las denuncias penales contra exfuncionarios cabecistas formalizadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, por presuntos desvíos de recursos públicos por un monto de 402 millones de pesos.
La dependencia con mayor número de denuncias penales es la Secretaría de Desarrollo Económico con 18; la Secretaría General de Gobierno, con 11; y la Secretaría de Administración con tres.
Los presuntos delitos que se les imputan a los exfuncionarios públicos son: coalición de servidores públicos, peculado, cohecho y uso indebido de atribuciones.
