La compra de 13 centrales de Iberdrola en México no implica una nacionalización de la industria eléctrica, como lo presume el Gobierno, consideró el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco)
- CIUDAD DE MÉXICO
La venta del 80 por ciento de los activos de la empresa española en el País será a un fideicomiso privado, pero con participación mayoritaria de entidades públicas, que pagarán 6 mil millones de dólares, refirió el Imco.
Es por eso que la propiedad de las centrales no será de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino que se mantendrá privada, anotó.
El fideicomiso privado tiene participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y otras instituciones públicas mexicanas, pero será gestionado por Mexico Infrastructure Partners (MIP), una administradora de fondos mexicana enfocada en inversiones en infraestructura y energía.
«El contar con financiamiento del sector público no cambia que legalmente la propiedad de las centrales se mantendrá privada. Sin embargo, todavía no es público a cuánto asciende la participación de las entidades públicas, hasta el momento se desconoce la composición del capital del fideicomiso que gestionará estas centrales.
«Para el Imco es importante destacar que, a pesar de contar con financiamiento público, legalmente la propiedad de las centrales y la gestión del fideicomiso será privada, ajena al Gobierno federal y a la CFE; es decir, la CFE no está incrementando su participación de mercado en la generación eléctrica», expuso un artículo del Instituto.
El Gobierno federal argumenta que el porcentaje de generación eléctrica bajo control de la CFE se incrementará de 39.6 a 55.5 por ciento; no obstante, es necesario subrayar que la mayor parte de esta generación ya está bajo control de Comisión, dado que los Productores Independientes de Energía (IPPs o PIEs) ya forman parte de la matriz de generación de la empresa.
CFE Generación V es la subsidiaria encargada de administrar los contratos con estas centrales, de representarlas en el mercado y de reportar su estado de resultados ante la Cuenta Pública; es decir, estas centrales operan legalmente en los términos impuestos por la empresa y forman parte jurídica, contable y económicamente de la CFE.
Esta transacción se da en un contexto en que Iberdrola busca reducir gradualmente la huella de carbono en su matriz de generación eléctrica y centrar sus inversiones en tecnologías bajas en emisiones.
«Esta venta no representa una nacionalización de la industria ni cambia la operación del Mercado Eléctrico Mayorista, únicamente cambia la propiedad de una canasta de centrales entre privados.
«El anuncio de que CFE operará estas centrales no cambia este hecho, aunque abre la puerta a que la empresa estatal expanda las condiciones de su contrato colectivo de trabajo a los trabajadores de las nuevas centrales, y pone en riesgo su rentabilidad en el mediano y largo plazo, dadas las condiciones establecidas desde la renegociación de 2020 que redujo en 10 años la edad de retiro», apuntó el Imco.
