Arturo Sánchez y Emir Olivares
El titular de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, durante la conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional.
Ciudad de México. El llamado plan B de la reforma electoral “ha sido objeto de una serie de ataques y de una estrategia claramente diseñada desde las oposiciones construida a base de falsedades”, afirmó ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
En la habitual rueda de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, el funcionario abordó las críticas hechas a la reforma y expuso que ésta no quita facultades al Instituto Nacional Electoral (INE), no afecta los conteos rápidos ni implica el despido masivo de trabajadores.
“Básicamente, es la eliminación de los privilegios de la burocracia dorada”, pues se suprime el seguro de gastos médicos mayores y desaparecen dos fideicomisos que están en la “opacidad”, aseguró.
López Hernández explicó que se hicieron cambios a cinco leyes y que se emitió una nueva Ley General de Medios de Impugnación que indica que “solamente un organismo sea el encargado de resolver sobre todas las impugnaciones que se presenten durante el proceso electoral.
“Ahí no es cierto que se le quiten facultades al INE o al Tribunal Electoral, por el contrario, desaparecen las facultades que tenían las juntas locales o las vocalías locales y se concentran todas en un solo procedimiento sancionador, que será regulado por la dirección respectiva del INE”, sostuvo el funcionario.
Agregó que las 16 direcciones del INE se compactan en siete y se reduce el número de vocales de juntas locales de cinco a tres. Al respecto, mencionó que quienes ocupan el puesto de vocal “tienen un ingreso mensual que ronda entre 50 y 70 mil pesos mensuales, aunque no haya proceso electoral, ellos mantenían durante todo el año sus privilegios, amén del seguro de gastos médicos y otra serie de prestaciones administrativas”.
Detalló que los cambios legales implicarán el despido de 64 vocales de las juntas locales y mil 200 de las auxiliares, lo cual “no llega ni al 7-8 por ciento de los más de 17 mil 500 trabajadores” del instituto. Subrayó que quienes pertenezcan al servicio profesional de carrera serán reubicados en otras áreas del INE.
Enfatizó que quienes se oponen a la reforma señalan falsamente que se pone en riesgo la jornada electoral y que el Programa de Resultados Preliminares va a seguir operando. Añadió que es mentira que no se vayan poder hacer conteos rápidos, pues puntualizó que estos no los realiza el INE, sino empresas que el instituto contrata con recursos que se presupuestan en cada proceso comicial.
López Hernández comentó que, entre otros puntos, los cambios legales incluyen la desaparición de fideicomisos específicos del INE, uno para contingencias laborales y otro relativo a la administración de los inmuebles. Ambos, dijo, “están en la opacidad” y “nunca se ha hecho público cuál es el capital que se administra” en ellos.
El dinero de los fideicomisos se restituirá al erario federal y, en caso de que así proceda, se destinará a pagar la liquidación de los empleados que tengan derecho a ella.
El funcionario destacó que las nuevas leyes facilitan el voto de los mexicanos en el extranjero y abren la posibilidad de que sean sancionados quienes obtengan alguna prebenda o financien campañas a cambio de contratos, “como se hacía antes, como en el caso del Pemexgate”.
