-En menos de dos semanas se sabe si se le abre proceso
-Bienestar Social beneficiara a 25 mil familias con despensas
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Raúl Hernández Moreno
El ex presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar y los ex síndicos Dorina Lozano Coronado y Santiago Sáenz, comparecerán el 21 de marzo ante un juez de Control para determinar si son vinculados a proceso.
La cita es derivada de una diligencia ordenada por la Fiscalía Estatal Anticorrupción, ante la cual el gobierno de Nuevo Laredo presentó una denuncia formal contra los ex funcionarios citados.
A los tres se los señala la actual administración municipal como presuntos responsables en la compra de un terreno que habrían pagado a sobreprecio. En ese predio se pretendía construir un centro de convenciones y la sede del World Trade Center que detonaría el desarrollo económico de la ciudad, pero meses antes de concluir el trienio el proyecto se desecho, por falta de dinero.
Los secretarios del Ayuntamiento y la Contraloría, Juan Ángel Martínez Salazar y Enrique Álvarez del Castillo, junto con la síndica Imelda Mangín Torre y el regidor Ernesto Ferrara Theriort, presidente de la Comisión de la Verdad y Anticorrupción, dieron una conferencia para dar detalles de la investigación contra el ex alcalde y sus co-acusados.
“Nuestra lucha contra la corrupción es legítima y el compromiso de este Gobierno Municipal 2021-2024, para castigar a quienes hicieron mal uso de los recursos públicos sigue firme, porque las y los neolaredenses merecen saben la verdad; exigimos de las autoridades judiciales profesionalismo y objetividad para que los responsables de estos actos ilícitos sean castigados, que no haya impunidad”, apuntó Martínez Salazar.
Explicó que de comprobarse los cargos que se imputan al ex alcalde se le aplicaría una pena de hasta 28 años de cárcel.
Anoche, el ex alcalde subió a sus redes sociales un breve mensaje en el que sostuvo que los cargos en su contra son infundados, que no hay una carpeta de investigación en su contra y que de ser así, estaría en la mejor disposición de atender el citatorio.
Las denuncias formales en contra de Rivas se atrasaron en función de que el gobierno estatal panista funcionó hasta el 30 de septiembre de 2022 y de haberse presentado dentro de ese lapso, era seguro que las autoridades judiciales las desecharían, sin siquiera revisarlas.
La llegada de un gobierno estatal de Morena y de un Congreso bajo el control del partido guinda, ofrece otro panorama.
Adicionalmente, sigue vigente una denuncia federal en contra del ex alcalde por el presunto cloanamiento de patrullas de la Marina, cuyo expediente se atiende en un juzgado de Reynosa.
La batalla del Municipio por sentar a Enrique Rivas en el banquillo de los acusados, va en serio, pero la última palabra la tienen las autoridades judiciales.
Adicionalmente, don Dinero sigue siendo poderoso. Repartir cantidades millonarias sigue siendo el mejor argumento legal para quienes enfrentan acusaciones formales.
En fin, hay que darle tiempo al tiempo.
En otro tema, el Delegado Estatal de Bienestar Social, Alejandro Alvarado, anunció que se formaron 206 comités territoriales, cada uno integrado con 5 elementos, que en los siguientes días harán un censo para detectar un universo de 25 mil beneficiaros del programa de despensas.
Destacó que estos beneficiarios se van a seleccionar de entre los sectores más vulnerables, para garantizar que las despensas lleguen a quienes más lo necesitan.
Concluida la veda electoral, a Bienestar Social se le cargo el trabajo.
