El Secretario de Administración advirtió que el Fondo de Pensiones de la burocracia podría colapsar muy pronto, debido al fraude millonario de las anteriores administraciones
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Fondo de Pensiones del Instituto de la Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), está en una situación “crítica”, pues solo tiene dinero para pagar a pensionados y jubilados del Gobierno de Tamaulipas hasta el 2024.
“Según el estudio más reciente, se tiene suficiencia financiera sobre reservas líquidas hasta 2024”, afirmó el Secretario de Administración, Jesús Lavín Verástegui, en su comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado.
Las razones de la crisis, dijo son porque del 2010 al 2016, el Gobierno del Estado, no realizó el pago de las obligaciones, “no se pagaron los descuentos aplicados a los trabajadores, ni las aportaciones gubernamentales, alcanzando una deuda de más de 2 mil millones de pesos más los intereses respectivos”.
Además que en el sexenio anterior, se evitó pagar esa deuda, hasta que en 2021 se realizó un convenio para solventarla, “sin embargo, solo se ha pagado el 17 por ciento, equivalente a 343 millones de pesos”.
La situación es tal, que si en este momento se jubilaran todos los burócratas que tienen derecho a ello, “nos truena IPSSET y nos truena Gobierno”, advirtiendo que además se otorgaron bases sindicales a personas que tenían un mes de haber empezado a laborar en el Gobierno.
“Tuvimos que meter mano y allí nos despachamos a mucha gente; renunciaban a direcciones y jefaturas de departamento para obtener una base sindical, pero esa base no estaba soportada administrativamente”, señalando que fueron 87 casos.
Explicó que se realizó la denuncia ante las autoridades correspondientes, formalizada por la Secretaría de Finanzas, Auditoría Superior del Estado e IPSSET, se trata de denuncias administrativas y penales en contra de varios ex funcionarios.
“En esta administración se ha adquirido el compromiso de fortalecer al IPSSSET, mediante el pago de más de mil 900 millones de pesos al final del sexenio y la búsqueda de alternativas de ingresos para el Instituto”.
Señaló que con esto, se podría contar con un fondo de pensiones que permita cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley, ampliando el periodo de suficiencia financiera, para cubrir los pagos de los más de 9 mil 400 pensionado y pensionistas del Gobierno del Estado.
Habló del caso de las financieras externas que daban créditos a trabajadores con tasas de interés de hasta 100 por ciento anual y que desplazaban los préstamos del IPSSET que ofrecen tasas inferiores al 20 por ciento, mismas que fueron erradicadas.
Lavín Verástegui denunció casos donde se pagaban compensaciones sin uniformidad, por debajo del jefe de departamento se pagaban hasta 24 mil pesos.
En el tema de “aviadores”, dijo que fueron identificadas 89 personas que no se encontraban en su área laboral, iniciando procedimientos que generaron 78 resoluciones, 57 son bajas, 10 reinstalaciones, 10 en proceso de aplicación de baja y un apercibimiento y 11 están en espera de ejercer su derecho de audiencia constitucional.
Mientras que al revisar las 120 plazas convertidas en bases sindicales en los dos últimos meses de la pasada administración, solo seis cumplieron los criterios para ello, las otras 114 fueron improcedentes.
Habló además de las 3 mil 500 plazas con un salario inferior al mínimo en 2022 y que recientemente se han beneficiado con incrementos del 10 al 82 por ciento, “la disposición de nuestro gobernador es que nadie más en el gobierno del estado volverá a tener un sueldo por debajo del salario mínimo”.
Detalló que 50 empleados ganaban 3 mil 400 pesos; 276 con 3 mil 941 pesos de sueldo; 90 con 4 mil 300 pesos, “hasta el nivel 149 del personal que no era base sindical”.
En contraparte, dijo que la reducción del 15 por ciento en las compensaciones desde directores al Gobernador, significan 11.6 millones de pesos mensuales, es el impacto presupuestal por el ahorro de 75 millones por la reducción de compensaciones, “contribuyendo a reducir la polarización salarial”.
El encargado de administrar explicó que se detectaron prácticas ilegales que fueron documentadas y denunciadas, como la contratación de servicios de mantenimiento y desarrollo de software, por más de 70 millones de pesos, lo que ha derivado en denuncias penales y el retiro de sus cargos a servidores públicos.
Explicó que ante la deficiencia para elaborar los contratos que se tenía, se elaboró un sistema de administración tecnológica, que reducirá la incidencia de errores e identificar a empresas con operaciones simuladas.
Otro de los fraudes identificados, fue el desarrollo de software con personal de gobierno, que se hicieron pasar por desarrollos externos, causando un daño al erario de más de 60 millones de pesos.
“Por ello, se iniciaron las investigaciones correspondientes para fincar responsabilidades y se continúa investigando para detectar otros casos similares”, señaló.
Asimismo se contrataban servicios de Internet para las dependencias gubernamentales, lo que incrementó costos de estos servicios y afectaba la eficiencia de los servicios.
“A partir de la entrada del Dr. Américo Villarreal, se descartó la contratación de intermediarios y se rediseñó la configuración de los servicios de conectividad, con lo que se logró un ahorro de más de 18 millones de pesos”.
Ante el panorama encontrado hace poco más de cinco meses, el funcionario estatal se dijo consciente “del gran reto al que nos enfrentamos, pero estamos seguros, que con voluntad y trabajo transformaremos a esta dependencia y a Tamaulipas”.
En la primera ronda de preguntas, el tema de las estaciones seguras fue abordado, especialmente en el tema del estatus legal de los terrenos en donde se encuentran ubicadas.
Lavín Verástegui explicó que de solo ocho de las 25 estaciones se cuentan con las escrituras en regla, “hay una carta compromiso del propietario de ceder, vender o proceder para transferir la propiedad al Gobierno de Tamaulipas”.
La comparecencia del primer funcionario, por momentos se salió del orden previamente establecido, luego que los diputados de Acción Nacional cuestionaban directamente al Secretario de Administración, quien respondía cada pregunta.
El presidente de la Mesa Directiva, Isidro Vargas Fernández, hacía esfuerzos por llamar al orden a los legisladores y legisladoras, que continuaban hablando directamente con el funcionario, quien se apresuraba a responder.
En el tema de las compras realizadas sin licitación por la actual administración, explicó que en poco más de cinco meses, se han hecho 122 adjudicaciones directas, debido a que el 50 por ciento de las patrullas estaba inservibles, además que alrededor de 20 hospitales no tenían medicamentos ni material de licitación.
“Pero en el mismo periodo del año anterior, la pasada administración hizo 163 adjudicaciones, un incremento del 43 por ciento”, explicando que se hicieron para atender la necesidad de salud y seguridad pública.
