Se determinó que la FGR no acreditó haber hecho una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, ni brindó certeza a la persona sobre el criterio utilizado para localizar los datos de las 83 órdenes de aprehensión.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer las 83 órdenes de aprehensión libradas por el caso Ayotzinapa, según lo difundido en el comunicado FGR 387/22, del 19 de agosto de 2022, precisando contra de quiénes se giraron, qué delito se les imputa y el número de identificación.
Adicional a la información de las 83 órdenes de aprehensión referidas en el comunicado, una persona solicitó a la FGR datos sobre las otras 21 órdenes de las que presuntamente se desistieron los Ministerios Públicos, en el contexto de la renuncia del Titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso de Ayotzinapa.
La FGR respondió no haber solicitado órdenes de aprehensión y tampoco haberse desistido de ninguna, motivo por el cual la persona solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI.
En alegatos, la Fiscalía precisó que el nombre de los presuntos responsables e imputados es información reservada y confidencial. Asimismo, reiteró que no localizó dato sobre cancelaciones de órdenes de aprehensión.
Se determinó que la FGR no acreditó haber hecho una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, ni brindó certeza a la persona sobre el criterio utilizado para localizar los datos de las 83 órdenes de aprehensión.
Se advirtió también que no hay evidencia de que la Fiscalía haya considerado en la búsqueda de información el contexto y los elementos proporcionados por la persona solicitante, como el comunicado FGR 387/22, donde se menciona que el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión, lo cual hace presumir que la FGR sí cuenta con los datos solicitados.
Al presentar el proyecto de resolución ante el Pleno, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez señaló que la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, es uno de los eventos de la última década que ha conmovido y consternado a la sociedad mexicana, y sobre el cual se debe garantizar el acceso a la información.
“A casi 10 años de lo ocurrido, de este lamentable evento, las investigaciones siguen en curso, y sobre éstas, existe la responsabilidad y el deber de garantizar el derecho humano a la información, ya que este derecho, estoy convencido, es una herramienta que abonará de manera efectiva a la garantía de los derechos de acceso a la justicia, a la memoria y a la verdad”, subrayó
