Contraloría estatal investiga a Araly Rodríguez, proveedora del gobierno de Veracruz y “prestanombres “
Durante el gobierno de la 4T Rodríguez ha facturado 60.4 millones de pesos a la Secretaría de Salud a través de 31 contratos, que van desde adquisición e insumos para la emergencia del covid-19, computadoras, tóners, mobiliario, insumos para la acreditación de programas de salud bucal de VIH, audífonos y equipo médico, entre lo más destacado.
Entre 2019 y 2022 la proveedora Araly Rodríguez Vez obtuvo, vía adjudicación directa, 39 contratos por más de 100 millones de pesos en tres dependencias del gobierno de Veracruz, pero el domicilio que acreditó –en una colonia popular de Xalapa– es fantasma y nadie la conoce ahí.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dijo que ya se investigan los contratos porque se sospecha que la proveedora es en realidad “una prestanombres”.
Además de ser proveedora del gobierno estatal, Araly, de 46 años es también empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), donde ocupa un interinato que le dio un sindicato estatal.
Su sueldo de 9 mil 987 pesos, como secretaria administrativa en la SEV Xalapa, lo complementa con la plaza federal 079713E233100000239 en la escuela secundaria Rafael Pérez López, de Poza Rica (a cuatro horas de Xalapa), donde gana un sueldo de 11 mil 991 pesos.
Los contratos fueron exhibidos en noviembre del 2022 y en enero pasado por el líder priísta Marlon Ramírez, quien cuestionó la irregularidad de la proveedora, registrada bajo el régimen de persona física con actividad empresarial desde 2014.
Durante el gobierno de la 4T Rodríguez ha facturado 60.4 millones de pesos a la Secretaría de Salud a través de 31 contratos, que van desde adquisición e insumos para la emergencia del covid-19, computadoras, tóners, mobiliario, insumos para la acreditación de programas de salud bucal de VIH, audífonos y equipo médico, entre lo más destacado.
Araly Rodríguez Vez ya había sido detectada como proveedora irregular en la Cuenta Pública 2020 por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis).
Ahí se detectó que la Secretaría de Salud entregó de manera directa casi 22 millones de pesos en contratos a Rodríguez Vez para la adquisición de licencias de compra de alcohol etílico y batas quirúrgicas, cuando su giro era la venta de bienes informáticos.
En 2020 la proveedora obtuvo más de 42 millones de pesos en contratos de forma directa por parte de la dependencia, la mayoría para adquisición de insumos y equipamientos en la pandemia de covid-19.
El Orfis también detectó que Rodríguez registró su actividad ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) siete días después de haber firmado un contrato con los Servicios de Salud de Veracruz.
En agosto de 2022, la Secretaría de Seguridad Pública –entonces a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado– le entregó por adjudicación directa dos contratos de 38.1 millones de pesos para la adquisición de vestuario y uniformes.
Además, el Sistema DIF estatal le dio en 2021 y en agosto de 2022 dos contratos para la adquisición de sillas de ruedas y carriolas pediátricas como parte del programa de apoyos funcionales, por 2.5 millones de pesos.
Araly Rodríguez está también inscrita en los padrones como proveedora del Poder Judicial de Veracruz y los ayuntamientos de Emiliano Zapata y Perote.
El gobernador Cuitláhuac García dijo al respecto que algunas empresas usan este tipo de personajes para evitar ser vetadas por su gobierno y explicó: “Se le llamó y confesó que solo es representante, pero no es dueña de la empresa. Pensamos que es prestanombres porque algunas empresas no quieren mostrarse por temas de la administración anterior, piensan que la vamos a vetar y usan a otra persona como representante”, explicó.
A su vez, el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar, dijo que la Contraloría General deberá investigar para deslindar responsabilidades y aclaró que sí ha hablado con la empleada: “ Su esposo falleció, de ahí el tema del interinato, que además está próximo a vencer. Ella manifestó que era prestanombres y su situación económica es muy mala”.
Los recursos utilizados para estos contratos provienen de programas federales como el FASP, el FASSA, FISE, Insabi y FAM.
