La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados ha aprobado un dictamen que casi triplica las multas por «injuriar» al Presidente de la República. Además, el proyecto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Delito de Imprenta también multiplica siete veces las penas pecuniarias a medios impresos por injuriar a Secretarios de despacho, al Fiscal General de la República, a los Gobernadores, al titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a los legisladores.
La propuesta, presentada por la morenista Bennelly Jocabeth Hernández, fue aprobada sin discusión con 19 votos a favor del bloque mayoritario y uno de Movimiento Ciudadano, nueve en contra de la Oposición y cero abstenciones.
De acuerdo con el proyecto, los ataques al orden público o a la paz pública se castigarán con pena de prisión de seis meses a un año y una multa de entre cinco y 40 UMA, es decir, de entre 481 y 3 mil 848 pesos, tomando en cuenta que, para el mes de febrero, el valor de dicha Unidad será de 96.22 pesos. Esta cifra triplica la multa actualmente establecida por la ley, que es de entre 100 y mil pesos.
El dictamen deja intactas las penas de prisión consideradas actualmente, pero convierte las multas en UMAS y las eleva por considerar que las que hoy se aplican no inhiben la comisión de los delitos. La propuesta señala que para quien injurie a un mando policial, a uno de sus agentes, a la autoridad o a cualquier otra persona que tenga carácter público, la multa será de entre 481 y 962 pesos.
Según la exposición de motivos, es necesario modificar la Ley sobre Delitos de Imprenta, porque es anacrónica e insuficiente. El dictamen advierte que las multas que establece van de 25 a dos mil pesos y las penas de prisión no rebasan los dos años, lo que ha impedido que funcionen como un inhibidor en la comisión de delitos contra del orden público.
Los detractores de la reforma argumentan que estas medidas son una forma de coartar la libertad de expresión y que el proyecto no define con precisión el concepto de «injuria». Además, señalan que la ley actual ya contempla sanciones para quienes cometan delitos contra la integridad moral de las personas, por lo que no es necesario crear nuevas figuras delictivas.
